Reproduzco a continuación un artículo de José Piñera, artífice del sistema chileno de pensiones, dedicado al análisis de las consecuencias que dicho modelo ha tenido en el país latinoamericano. El texto íntegro está disponible aquí.
Han pasado casi 30 años desde la reforma chilena del sistema de pensiones. Tres logros claves son incontestables:
1. A lo largo de ese período nadie se ha robado un peso del sistema, gracias a la multiplicidad de candados que contempló la reforma. Es importante subrayar que la Constitución chilena ha reforzado esa inviolabilidad de los depósitos introducidos por los trabajadores en su sistema de pensiones.
2. Los fondos son invertidos por empresas privadas altamente especializadas y con requerimientos estrictos de amplia diversificación han logrado una rentabilidad promedio del 10,1% anual, por encima de la inflación, a lo largo de 26 años
3. El “sistema de AFP” (Administradores de Fondos de Pensiones) o “sistema de capitalización individual” ha sido crucial en el incremento de la inversión, la creación de un moderno mercado de capitales y el mayor crecimiento del país.
Es importante comprender que el error fundamental del sistema tradicional de reparto estatal fue haber roto la relación esencial entre las contribuciones y los beneficios, entre el esfuerzo y la recompensa. En efecto, a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, el llamado “canciller de hierro” de Prusia, creó un sistema de pensiones que prometía beneficios, pero que no acumulaba fondos para cumplir esas promesas sino que se basaba en cobrar impuestos a los trabajadores. Bajo un sistema bismarckiano, el aporte del trabajador está definido por una ley que establece el impuesto al trabajo, mientras que la pensión que obtendrá está definida por otras leyes que definen los beneficios. Las segundas son objeto de todo tipo de presiones por grupos organizados que tratan de obtener pensiones prematuras o privilegiadas. Cuando eso sucede en una sociedad, a nivel masivo y por mucho tiempo, el resultado final es un desastre porque siempre se trata de minimizar la contribución al sistema de pensiones y maximizar lo que se obtiene.
Debido a que los árbitros en el sistema de reparto estatal son políticos intentando ganar elecciones, se produce inevitablemente una inflación de promesas imposibles de cumplir, cuyos costes son postergados para que sean futuros gobiernos quienes se enfrenten a ellos. Como ha escrito el profesor Deepak Lal, “la creación de gigantescos estados redistributivos en Occidente ha tenido sorprendentes consecuencias no previstas, como la corrupción del debate público en la medida que los políticos luchan por comprar votos con dinero ajeno”.
Chile supo apartarse de este camino. El impacto de este nuevo sistema de pensiones ha ido mucho más lejos que los conocidos e impresionantes indicadores económicos del país. También ha significado una redistribución radical del poder del Estado hacia la sociedad civil y, al convertir a los trabajadores en propietarios individuales del capital del país, ha creado una atmósfera cultural y política más consistente con los postulados de una sociedad libre.
Unos 30 países de América Latina, Europa del Este y Asia Central ya han seguido este camino, 120 millones de trabajadores se han convertido en propietarios de capital, y este nuevo paradigma es parte central del debate en los países más desarrollados del mundo.
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