Sobre la corrupción de los políticos

Si los políticos no tuvieran la capacidad para decidir discrecionalmente el uso del dinero que obtienen del fruto de nuestro trabajo, la corrupción estaría muy limitada. Si la política no decidiera quién presta los servicios al público, si no tomara decisiones regulatorias con impacto en la actividad privada, no importaría que al acabar su carrera los políticos ficharan de consejeros o asesores en empresas privadas.
Los bienintencionados defensores de lo público dirán que ellos reclaman buenos gestores, rechazando enchufados, corruptos y buscadores de rentas, sosteniendo que no puede achacarse al sistema la existencia de golfos. Y en efecto, así es. La corrupción no es patrimonio exclusivo de lo público. Tampoco de lo privado. Igual que el error es humano, la falta de honestidad también lo es.
Pero en el mercado, donde millones de consumidores votamos cada día con nuestras decisiones de compra y de inversión, si no se satisfacen las necesidades de las personas, las empresas quiebran y los malos gestores se van a la calle. En lo público, los políticos y los malos gestores no los echamos ni con agua caliente, porque el sistema —que ellos han diseñado— favorece que ellos y sus allegados se perpetúen en el cargo.
¿Qué entorno institucional creen que protege más al político corrupto y al empresario corruptor, el intervenido o la libre competencia en un mercado abierto?


De Antonio España sobre Buchanan.
Política sin romanticismo

Probablemente han visto ustedes la película Su distinguida señoría, estrenada en 1992 —año en el que la corrupción en nuestro país estaba también a la orden del día— y que narra las peripecias de Thomas Jefferson Johnson —interpretado por Eddie Murphy—, un timador de barrio que accede al Congreso de los Estados Unidos aprovechando la similitud de su nombre con el de un congresista recién fallecido. Tras escuchar accidentalmente una conversación entre dos políticos, el estafador descubre que se ha equivocado de profesión, pues desde el escaño puede robar y estafar legalmente sin temor a la cárcel. Sin ser una obra maestra del séptimo arte, esta comedia ilustra de forma entretenida las carencias del proceso político en la toma de decisiones públicas.

Precisamente al análisis económico de las decisiones tomadas en el ámbito público consagró su vida el recientemente fallecido James M. Buchanan, premio Nobel de Economía en 1986 y fundador, junto con Gordon Tullock de la Escuela de la Public Choice. Buchanan, que empezó su carrera académica dedicado a las finanzas públicas, pronto constató que los economistas, preocupados por el funcionamiento de los mercados —con objeto de intervenirlos y planificar—, no habían prestado mucha atención a cómo funcionaban unos gobiernos que cada vez crecían más y más.

Como consecuencia, Buchanan comenzó a analizar cómo funciona realmente la política, como él decía, sin romanticismo. Según sus propias palabras, era necesario “que nos quitáramos las gafas de color rosa con las que tendemos a percibir el gobierno, la política y las acciones de nuestros políticos” para ver la política como lo que realmente es, una manifestación más de la acción humana —con sus grandezas y miserias, habría que añadir.

En vez de analizar las acciones individuales en el contexto del mercado, contempló la acción de las personas en el ámbito de las decisiones públicas. Y estudió las relaciones entre personas cuando ejercen como cargos públicos, votantes, burócratas, líderes partidistas o representantes políticos. Tomando los métodos del análisis económico y aplicándolos al comportamiento de las personas en la política, Buchanan argumentó que sus acciones pueden estudiarse, incluso predecirse, y así comprender mejor la tendencia de los gobiernos a crecer, aumentar el gasto público, endeudarse, incurrir en fuertes déficits y hacer proliferar las normas y regulaciones.

Los votantes nos mantenemos racionalmente ignorantes…

Si han visto la película que les comentaba al principio, quizás se acuerden de una escena en la que una pareja de votantes entran al colegio electoral, preguntándose a quién votar, y terminan decidiendo allí mismo que votarán al mismo nombre de siempre. Circunstancia que favorece al descarado protagonista, que precisamente concurre aprovechándose del hecho de llamarse igual que el de siempre.

Me dirán ustedes, con razón, que se trata de una parodia exagerada propia de una comedia sin pretensiones. Y, sin embargo, la economía nos enseña que es perfectamente racional permanecer ignorante sobre materias que son complejas y que, además, quedan fuera de nuestra capacidad de influencia.

Convendrán conmigo que la política es, sin duda, una materia compleja —¿cuándo fue la última vez que se leyeron los programas electorales completos de todos los partidos concurrentes a las elecciones y analizaron el perfil político y su posicionamiento en los temas que les preocupan de todos y cada uno de los integrantes de las listas? Por otro lado, es unas doscientas veces más probable que nos toque el Gordo de Navidad que lograr que nuestro voto sea el decisivo. ¿Qué incentivo tenemos pues a dedicar tiempo y esfuerzo a elegir nuestro voto de forma informada?

Conclusión: en general elegimos nuestro voto más por consideraciones emotivas, de afinidad personal o, simplemente, viscerales, que con verdadero conocimiento de causa.

¿Cuántos políticos acusados de corrupción, de todos los partidos, han visto comparecer una y otra vez ante su electorado y han seguido arrasando en sus circunscripciones a pesar de ERE, trajes, palaus, ITV, y un larguísimo etcétera?

… salvo que pertenezcamos a uno de los grupos privilegiados de interés.

En otra escena, podemos ver al recién elegido diputado comiendo con su abogado especialista en lobbies, que quiere conocer su postura con respecto a determinados temas —los precios del azúcar, la limitación de las sanciones por negligencia o los repartidores de pizzas— para, a continuación, ofrecerle un catálogo a medida de los grupos de presión de los que extraer rentas en función del posicionamiento elegido.

En efecto, es una caricatura del entramado de lobbies norteamericano, pero fíjense que la realidad suele superar a la ficción, y no es raro ver cómo grupos de intereses más o menos numerosos pero siempre bien organizados, pueden ser muy relevantes en determinadas decisiones políticas sobre asuntos concretos, presionando a políticos para que resuelvan, subvencionen o legislen en su beneficio. Los incentivos, en este caso se sitúan del lado de los grupos de interés, que pueden obtener pingües beneficios, mientras los costes quedan diluidos entre el resto de los millones de votantes.

Beneficios que, por cierto, no pocas veces suelen perjudicar a los intereses de la mayoría silenciosa que no se manifiesta formando mareas de ningún color. Aunque, eso sí, con frecuencia escuchamos el argumento de que es por el bien común o en defensa de causas nobles. Seguro que sin mucho esfuerzo, se les ocurren unos cuantos ejemplos.

Las promesas electorales se las lleva el viento

Cuando en la película un importante político apoya en público una causa defendida por el protagonista —que empieza a volverse honrado, demostrando que un estafador de poca monta puede tener más principios que un político—, vemos cómo en la secuencia siguiente el mismo político se retracta en privado, zanjando la cuestión diciendo que “las declaraciones públicas no son testimonios jurados” mientras guiña un ojo con aire de complicidad.

Y este, en efecto, es otro de los problemas del proceso político. A saber, que la representación democrática por desgracia no es vinculante. Ni los programas ni las promesas electorales tienen carácter contractual, por lo que una vez obtenido el voto, el político puede olvidarse tranquilamente del votante hasta las siguientes elecciones.

Existe, pues, una desconexión abismal entre el voto depositado y la política llevada a cabo. Miren si no lo que propugnaban los candidatos del Partido Popular en materia de impuestos antes de las elecciones generales y compárenla con la política fiscal abusiva llevada a cabo por Cristóbal taxman Montoro. Imagínense que un fabricante de automóviles anuncia un deportivo con unas prestaciones determinadas y, al adquirirlo, descubren con desconsuelo que dentro de la preciosa carrocería deportiva de color rojo, tienen unos pedales de bicicleta, un manillar y una silla de playa. ¿Cómo se sentirían?

En el fondo, son los incentivos

Y, finalmente, no deben olvidar que la gestión pública del político siempre está orientada a corto plazo. Toda su actuación está condicionada por las próximas elecciones. ¿Se acuerdan la actitud mantenida por Mariano ya lo pensaré mañanaRajoy posponiendo importantes decisiones para nuestro país simplemente porque había elecciones en ciernes en Andalucía o en Cataluña y el País Vasco? ¿Recuerdan cómo José Luis Rodríguez Zapatero ocultó en 2008 la crisis a los españoles estando a las puertas de unas elecciones generales?

¿Qué incentivo encuentra un político en tomar decisiones difíciles a corto plazo pero beneficiosas a largo, cuando probablemente sea otro el que disfrute de las mieles de esas decisiones acertadas de hoy? Sin embargo, cualquier línea de acción pública, por ruinosa que sea, que reciba apoyo político a corto plazo, se mantendrá y se potenciará, aunque lleve al país a la quiebra. De esto también tenemos unos cuantos ejemplos recientes, por ejemplo, como cuando Zapatero literalmente compró nuestro voto con la deducción de los 400 euros en el IRPF para estimular el consumo.

El profesor Buchanan lo vio, pues, claro. No se puede garantizar que los políticos y los cargos públicos por ellos designados sean seres puros y libres de toda codicia —no digamos ya inteligentes, trabajadores y resueltos. Ni siquiera el proceso democrático, que es la fórmula más avanzada de convivencia pacífica que hemos encontrado hasta la fecha lo garantiza. Pero sí se puede limitar el daño que pueden hacer.

Por ejemplo, si los políticos no tuvieran la capacidad para decidir discrecionalmente el uso del dinero que obtienen del fruto de nuestro trabajo, la corrupción estaría muy limitada. Si la política no decidiera quién presta los servicios al público, si no tomara decisiones regulatorias con impacto en la actividad privada, no importaría que al acabar su carrera los políticos ficharan de consejeros o asesores en empresas privadas.

Los bienintencionados defensores de lo público dirán que ellos reclaman buenos gestores, rechazando enchufados, corruptos y buscadores de rentas, sosteniendo que no puede achacarse al sistema la existencia de golfos. Y en efecto, así es. La corrupción no es patrimonio exclusivo de lo público. Tampoco de lo privado. Igual que el error es humano, la falta de honestidad también lo es.

Pero en el mercado, donde millones de consumidores votamos cada día con nuestras decisiones de compra y de inversión, si no se satisfacen las necesidades de las personas, las empresas quiebran y los malos gestores se van a la calle. En lo público, los políticos y los malos gestores no los echamos ni con agua caliente, porque el sistema —que ellos han diseñado— favorece que ellos y sus allegados se perpetúen en el cargo.

¿Qué entorno institucional creen que protege más al político corrupto y al empresario corruptor, el intervenido o la libre competencia en un mercado abierto?

http://www.elconfidencial.com/opinion/monetae-mutatione/2013/01/22/politica-sin-romanticismo-10597/

Eres idiota

El Estado de bienestar elimina la conexión entre libertad y responsabilidad que es esencial para el desarrollo humano.

Sí, eres idiota y tú sin saberlo. Eres idiota y por eso hay que "asegurarte" la sanidad, porque lo que no sabes es que te puedes poner malo y si te pones malo tienes que ir al médico. Además, te tienes que cuidar, hacerte revisiones y estar sano. Eres idiota y claro eso no lo sabes. Pero es que, si tus familiares se ponen enfermos no sabrás que hacer, no sabrás que existen los médicos y los hospitales y los medicamentos y por eso yo te los doy, me encargaré de que tengas todo eso y más, porque soy más listo que tú.

Además, tampoco sabes que hay que educarse. No sabes que hay que aprender a leer y escribir. Sobre todo si tus padres no tienen un papel enmarcado en la pared, entonces tú tampoco lo tendrás, serás un analfabeto toda la vida. Si no es por mí, no sabrías que hay que aprender lengua (la que yo te diga), matemáticas, física, química, geografía (la que yo te diga), historia (como yo quiera que la conozcas). Como de nuevo no sabes que existe el colegio o los profesores o las distintas materias, te lo daré. Posteriormente, querrás aprender algo más, pero no te preocupes porque sabes que eres idiota y por tanto crearé unas carreras para que pienses que te especializas en algo y puedas estar orgulloso de ti mismo, pero no olvides que todo me lo debes a mí.

Por último, no sabes que la gente se hace mayor, que no siempre serás joven y fuerte, porque siempre vives el momento, ya sabes, carpe diem. No vas a ahorrar, porque no ves más allá de hoy. No sabrás que hay momentos mejores y peores en la vida. No sabes que hay que intentar asegurarse un colchón para nuestra época anciana. Pero yo lo haré por ti, ahorraré por ti, porque sí sé lo que te conviene mejor que tú mismo.

Bueno, por ahora no te diré más, ya controlo tu salud, tu educación y tu futuro, por ahora eso es bastante, pero sí hay algo que sabes hacer muy bien y para lo que te he educado, recuerda, soy yo quien decido qué aprendes. Para lo que sí sirves es para votarme, para darme el poder sobre ti mismo. No, no es esclavitud, no la llamamos así, la llamamos, política social, política del bienestar. Eso sí, sólo votas bien si cada cuatro me votas a mí, no votes al otro, que aunque te diga lo mismo que yo, él sólo lo hará en su beneficio, yo sí soy un ángel en la tierra. Te daré las gracias de antemano, a ti y a todas las generaciones que lo seguirán haciendo.

Firmado...
Publicado por Israel Rodríguez Martín
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P.d Es justamente por lo que hay que ayudar a los mas necesitados por lo que hay que privatizar esos servicios.

Manuel Jesús Gonzalez escribió un libro que se titula del Estado de bienestar al bienestar con menos Estado.  El tema no es , que estemos de acuerdo que tiene que haber eduación, sanidad, pensiones etc... El tema es otro : Devolviendo la responsabilidad a la sociedad civil, podemos tener mejores pensiones, mejor sanidad con el mismo coste que tenemos ahora? : Esto es un estudio de teoría económica, que demuestra que con el conste que paga los trabajadores y el empresario por estos servicios que supera el 36% de su salario, puede tener garantizadas unas pensiones muchos mayores y una sanidad de mayor calidad. Luego es un tema de medios y no de fines.

Los funcionarios del Estado tiene un privilegio que no tienen el resto de los españoles, pueden elegir entre la sanidad pública y privada. Saben ustedes cuantos funcionarios eligen la sanidad privada. El 90% y saben cuantos trabajadores se pasaron al sistema privado de pensiones en Chile cuando se le dió la opción de elegir entre el privado y el público, más del 90%. . ¿ Por qué no damos esa opción al resto de los ciudadanos y que libremente eligan entre sanidad pública o privada, pensiones pública o privadas,? Y el que quiera se vaya a la sanidad privada , pague su coste y se le descuento de inmediato de su nómina.

¿ Por qué el Rey, Rajoy o Zapatero cuando se ponen malos van a la Ruber de Madrid ( sanidad privada y no al Gregorio Marañón ( hospital público)?
Tendríamos un estado de bienestar mucho mejor. Porque lo que hay ahora es una ilusión de pensar que todo es gratis, nos tienen infantilizado los políticos, el ciudadano dice tiene derecho a eso y luego se ha cortado el nexo entre la prestación y el coste. En términos de eficiencia estos servicios tienen un coste inmenso y los que salen perdiendo son aquellos más necesitados. Es precisamente por lo que tenemos que ayudar a los más necesitados por los que tenemos que devolver la responsabilidad del bienestar a la sociedad civil.



El sistema público de salud es enormemente costoso y, de hecho, muy caro si se compara con la provisión privada de este mismo servicio.

Les doy datos:

En concreto, el gasto público en Sanidad supera los 90.000 millones de euros, habiéndose más que duplicado a lo largo de la última década, lo cual supone un coste anual próximo a los 2.000 euros por habitante. Así pues, dicho servicio podrá ser muchas cosas pero, desde luego, no es "gratuito". Sanidad y educación, competencias transferidas a las comunidades autónomas, consumen, precisamente, la mayor parte del gasto regional, y junto a las pensiones –cuyo coste supera los 100.000 millones al año– son los tres pilares básicos del llamado Estado del Bienestar ( yo llamo esclavitud).


De hecho, no es la primera vez, ni será la última, que este sistema sufre sustanciales cambios a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Hasta 1999, este servicio se financiaba con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), y desde entonces se sufraga vía presupuestos (impuestos), lo cual pone de manifiesto su quiebra técnica. Sin embargo, tales reformas no han servido para mantener el modelo en pie, de forma que el Ejecutivo se plantea ahora aplicar el copago. Esta medida no es nueva, ya existe en los fármacos y, muy posiblemente, se extenderá a la provisión de ciertos servicios médicos de forma progresiva, creciente y continuada a lo largo de los próximos años. De hecho, muchos contribuyentes que han optado por contratar un seguro privado sufren en sus bolsillos el pernicioso efecto del doble-pago, al tener que costear igualmente la sanidad pública independientemente de si la usan o no.

Además, a la reiterada falacia de la "gratuidad" se le suman otros dos calificativos muy habituales en boca de los políticos, "universal" y "de calidad", que por mucho que se repitan no dejan de ser también falsos. En primer lugar, no todo el mundo tiene acceso a todos los servicios públicos sanitarios, existen importantes limitaciones, de ahí la necesidad de contar con una tarjeta sanitaria y un número de la Seguridad Social. Por otro, pese a que muchos coinciden en que la sanidad española es una de las mejores del mundo, la realidad es bien distinta si se atiende a la calidad de ciertos servicios y, sobre todo, a las abultadas listas de espera en materia de consultas, realización de pruebas y operaciones.

En Suiza el gobierno solo financia un 25% de los costes sanitarios (en Estados Unidos el gobierno paga casi el 50%). El gasto total en sanidad es similar al de los países con sistemas públicos. Los individuos están obligados a comprar seguro médico privado, que por ley incluye una cobertura básica. Las compañías compiten en precio y servicios, y muchos suizos se decantan por pólizas baratas con deducibles altos. El Estado subsidia a los más pobres (nadie paga más de un 10% de su renta por el seguro), y más de un tercio de la población contrata pólizas suplementarias. No hay listas de espera y los pacientes pueden elegir libremente el proveedor sanitario.

En Singapur el gasto total en sanidad es la mitad que el de España, y sus indicadores de salud son excelentes. Dos tercios de la financiación son privados. Los singapurenses disponen de cuentas de ahorro sanitarias individuales, financiadas con aportaciones obligatorias, a las que recurren para gastar cuando enferman. El Estado subsidia servicios básicos y paga la sanidad a las familias con menos recursos. Hay libertad de elección de proveedor y no existe lista de espera.

¿Por qué no se exploran estas alternativas? ¿Por qué este afán por justificar lo injustificable?

Por desgracia, la revisión en profundidad que necesita el Estado del Bienestar español sigue sin plantearse. Todas las medidas propuestas van destinadas a mantener, al precio que sea preciso, la provisión pública de servicios, como la sanidad, la educación o las pensiones, que son ofertados por el sector privado de forma mucho más barata, eficiente y rentable para los usuarios, sin que ello importe lo más mínimo a los políticos. Así pues, tendremos sanidad "gratuita" por mucho tiempo. Vayan preparando sus bolsillos...

Saludos y libertad

Mapa de las ideas políticas

Hoy en día no tiene sentido representar las ideas políticas en una escala lineal de “izquierdas” y “derechas”. Como mínimo, es necesario complementarla con otro eje: el que en este mapa aparece como vertical. Es el de colectivismo frente a individualismo. Esta representación, mucho más rica, resulta imprescindible cuando se intenta ubicar cabalmente a los liberales y libertarios, ya que en la vieja escala lineal no aparecemos bien representados (saldríamos intermitentemente a lo largo de la escala en función de cada tema).
En el mapa, el círculo rojo representa aproximadamente el espacio del PSOE, y el círculo azul representa el del PP. Como ves, ambos partidos presentan una muy considerable zona de intersección, y es a ese centro político al que intentan dirigir sus propuestas. Por eso se parecen entre sí cada vez más, por eso no se atreven a salirse del guíon “de Estado” que han consensuado tácitamente. De ahí el anodino anquilosamiento de nuestro panorama político.
Los liberales libertarios estamos en otra onda, lejos de las ideologías colectivistas moderadas (socialdemocracia, centrismo, democracia cristiana), más lejos aún de las ideologías fuertemente colectivistas (socialismo y conservadurismo) y, desde luego, en las antípodas de las ideologías colectivistas extremas (comunismo, fascismo).
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Muerte por socialdemocracia

Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante de Europa
España tenemos 445.568 políticos (ver cuadro adjunto a la noticia) trabajando en todos los niveles de la administración, así como en todo tipo de empresas públicas o participación de fondos públicos, fundaciones, entes, observatorios, consejos, defensores, agencias, direcciones etc. Según el informe tenemos el doble del porcentaje por habitante que los que tiene Italia, que se mantiene en niveles muy parejos con los de Francia, país que siempre se ha caracterizado por su fuerte estructura pública. Lo más sorprendente es que España tiene 300.000 políticos empleados por elección o por designación directa en todo tipo de organismos, que Alemania, país que tiene el doble de la población española. El estudio desvela, que el tamaño desmesurado de nuestra administración no se encuentra distorsionado tanto entre los funcionarios que prestan servicio directo al ciudadano (profesores, administrativos, médicos, policias etc), sino que el mayor porcentaje de distorsión se encuentra entre los políticos que pueblan nuestra administración.

Tabla con datos oficiales sacado de la Presidencia del Gobierno.

Por Alberto Illán Oviedo

El Partido Popular ha mentido. Hizo campaña electoral asegurando que no iba a subir los impuestos y una de sus primeras medidas, una vez que Mariano Rajoy fue investido presidente y nombró Gobierno, fue precisamente hacerlo: subió el IRPF en todos sus tramos y el Impuesto de Bienes Inmuebles en un guiño a los ayuntamientos, por lo general, faltos de recursos.

La medida, que se anunció como temporal y que se justificó con los falsos datos de déficit que dejaron los socialistas, no parece haber contentado al gobierno popular, pues ha ido añadiendo otras, como la que ha afectado al Impuesto de Sociedades para las grandes empresas o el reciente anuncio de que incrementará el IVA y los impuestos especiales de la gasolina, el tabaco y el alcohol en 2013. Y como las desgracias nunca vienen solas, el resto de administraciones públicas se ha unido a esta bacanal alcista, elevando las tasas y los precios de los servicios públicos.

El PP tenía alternativa, pero era una alternativa demasiado incómoda para sus propios intereses y los del sistema: la reducción del gasto, del sector público, en definitiva, del Estado. España soporta uno de los más mastodónticos de la Europa occidental. Nuestro país tiene tres millones largos entre funcionarios y trabajadores públicos (para que nos hagamos una idea del tamaño, el sector industrial está en torno a los 2,3 millones), y, de ellos, medio millón de cargos políticos, el mayor número por habitante de toda Europa. Tenemos trescientos mil políticos más que Alemania, que nos dobla en población, y el doble que Italia y Francia, que tienen 15 millones más de habitantes. El gasto conjunto de las administraciones públicas está en torno al 50% del PIB. Y todo ello está soportado por el sector privado.

Las reducciones acometidas y puestas en marcha por el PP están a años luz de las que se debería haber realizado y han generado mucha polémica sobre las prioridades y, para los partidarios del Estado de Bienestar, sobre su conveniencia. El PP ha demostrado cobardía, pues no quiere enfrentarse a los grupos organizados que viven del erario público, entre los que él mismo se encuentra, y prefiere asaltar a los donantes universales, es decir, al ciudadano que consume o ahorra, a las pymes y autónomos, a las clases medias que pagan la gran mayoría impuestos, a los que ya pagan ciertos servicios públicos.

Es comprensible que el votante del PP pueda estar desencantado a los pocos meses de ganar las elecciones. Con ello y con la movilización callejera juega la oposición para socavar el apoyo que el electorado dio a los populares. Pero la izquierda política no es la más indicada para dar lecciones. De la situación actual, tanto económica como social, es culpable ella y sólo ella. Ella ha favorecido y alentado el gasto público, ella ha alentado las burbujas económicas que crecieron bajo su Gobierno, ella ha favorecido políticas que han terminado con cinco millones de parados. Rajoy no se merece de nuevo el voto, pero ¿se lo merece Rubalcaba? ¿Se merecen estos partidos y sindicatos el apoyo de la sociedad civil? ¿Existe realmente una sociedad civil o no deja de ser una serie de organismos que aspiran a recibir subvenciones o ayudas públicas?

Durante décadas, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, cada uno a su manera, han desarrollado un Estado social que se mete casi en cualquier aspecto de nuestras vidas. Las políticas sociales han matado la iniciativa privada, los jóvenes prefieren ser funcionarios antes que empresarios. Los movimientos de protesta abogan por un incremento aún mayor del peso de lo público y los grupos que conforman la sociedad civil buscan el apoyo de este ministerio, esa consejería o aquella concejalía.

Y mientras, el sistema se protege a sí mismo de los ciudadanos que lo sustentan. Los políticos caen en el populismo más trasnochado y no dejan de convertir servicios en derechos, dividiendo en tres a la sociedad: dependientes, aprovechados y esclavos. Se incrementa el déficit, cuya verdadera cuantía aún no sabemos a ciencia cierta, y se dispara el endeudamiento público, sin que a los políticos locales y nacionales se les sonroje el rostro. Y entretanto, la burocracia crece para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión.

El camino para salir de esta espiral es evidente, pero cuesta empezarlo. Si no se hace, la sociedad española morirá metafóricamente hablando, dando paso a otra cosa, y cuando alguien venga a diagnosticar la causa de tal deceso, encontrará que ha sido muerte por socialdemocracia, por intervencionismo y porque el finado, en vez de defenderse del cáncer, lo alentaba.
fuente 

Por qué los políticos no recortan gastos

Supongamos que diseñas una medida política que le quita 1 penique a 1 millón de personas y que le da esos $10.000 a una única persona. ¿Quién va a enterarse de esta política? ¿Alguien de ese millón de personas va ni siquiera a darse cuenta? Os apuesto a que el que recibe los $10.000, sí..

Soy Ben Powell, Profesor de Economía de la Universidad de Suffolk.
Hay políticos que prometen recortes que los votantes en general quieren; pero este beneficio está disperso.
Cuando van realmente a los programas específicos, el coste está concentrado.

Hagamos un cálculo aproximado aquí. Hay aproximadamente 300 millones de personas en los EEUU. Aproximadamente la mitad están registrados para votar. Esos son aproximadamente 150 millones. Si la mitad va a alguna votación nacional, esos son aproximadamente 75 millones. Para que tu voto cambiase el resultado de una votación debería pasar que hubiera exactamente 37.500.000 frente a 37.500.000 y que tú llegaras a votar haciendo el 37.500.001, para que el resultado variase realmente. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Cerca de cero. De hecho, los economistas han calculado que es más probable que mueras en un accidente de tráfico yendo a votar que el que tu voto sea el decisivo en una votación a nivel nacional.

El resultado es que los votantes desconocen en gran medida a los políticos y sus propuestas; y es razonable. Pero muchos grupos de interés están muy bien informados de las medidas políticas. No de las políticas de todos los políticos sino de las que específicamente les afectan a ellos. Los agricultores que reciben subsidios a la agricultura tienen un gran incentivo para conocer qué políticos apoyan sus subvenciones y cuánto van a obtener. Como resultado, no sólo están al tanto sino que dan dinero a campañas para ayudar a que esta gente sea elegida y asegurarse de que están a favor de darles un trato de favor.

Mientras tanto, repartido entre el coste de la alimentación del americano medio, es una cantidad insignificante de dinero, de modo que la mayoría de los americanos ni siguiera sabe o siente este coste. Y, si lo hacen, escuchan algún anuncio en televisión que habla de lo bueno que son a los agricultores para EEUU, y se sienten bien por esta política ineficiente.

Los mismos grupos de interés que hacen lobby para obtener los beneficios, hacen lobby para conservar estos beneficios. Esta es la lógica de la política. Y esto es por lo que terminamos con más gasto del que el votante medio normalmente quiere.

La Escuela de la Elección Pública (Public Choice School)

[La Public Choice School] ha desarrollado toda una teoría relativa a la insuficiencia de la gestión pública que es necesario resaltar, pues no tiene sentido fundamentar la gestión pública simplemente en los aparentes fracasos del mercado [que no son tales], cuando los fracasos e ineficiencias derivados de la acción pública [democrática] son mucho más costosos y dañinos que los que supuestamente se derivan del mal funcionamiento del mercado.
Estudios de Economía Política, Huerta de Soto, pág. 237.

La Escuela de la Elección Pública estudia el estado democrático: analiza los incentivos, motivaciones e interacciones de los seres humanos (políticos, funcionarios y votantes) en entornos políticos.

Los mal llamados "fallos del mercado" son fallos del modelo económico del equilibrio y desaparecen al estudiar el mercado como un proceso dinámico impulsado por la función empresarial [día 5 (vídeo 1), día 17 (vídeos 4 y 5) y día 34 (vídeos 5 y 6)].

Pueden identificarse cinco motivos básicos por los que la gestión pública [democrática] de la actividad económica está condenada al fracaso, o al menos a ser significativamente más ineficiente que la gestión basada en la propiedad privada y en el mercado.
Estudios de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, pág 237.

1. El efecto de la racionalidad de la ignorancia.
Es racional permanecer ignorante sobre todas aquellas materias que:
- Son complejas [el coste de estar bien informado muy alto] y además
- Están más allá de nuestro control [la probabilidad de que nuestro voto sea el que decida es prácticamente nula]. Op. cit. pág 237.

La mayoría de la gente encuentra tan insignificante el beneficio de votar con conocimiento de causa que no le merece la pena asumir el inmenso coste que conlleva.
A falta de incentivos para votar con conocimiento de causa, en todas las democracias predomina el voto basado en consideraciones de tipo emotivo, tribal o visceral.
2. El efecto de los grupos privilegiados de interés: pequeños grupos de interés fuertemente organizados pueden tener un tremendo impacto político [sobre asuntos concretos presionando a los políticos para] dar lugar a decisiones públicas [en beneficio propio y] contrarias a los intereses de la mayoría que nadie se molesta en defender. Op. cit., p. 238

[Los efectos de la racionalidad de la ignorancia y de los grupos privilegiados de interés dan] lugar a que la gestión pública, prácticamente en su totalidad, sea el resultado agregado de la influencia ejercida por los grupos de interés, en contra del bien común o interés general de los ciudadanos. Op. cit. pág 238.

3. El efecto de la representación no vinculante: el votante en la mayoría de los casos no manifiesta su voluntad sobre temas concretos, sino que tan sólo elige a un representante... existe, por tanto, gran imprecisión y falta de conexión entre el voto realizado y la política llevada a cabo...[lo cual es] un motivo adicional para considerar consciente o inconscientemente irracional la participación en la gestión pública democrática. Op. cit. pág 239.

4. El efecto de la "miopía" gubernamental: podemos esperar que la gestión pública siempre esté orientada hacia el corto plazo... La especulación privada que efectúa la función empresarial a través del mercado, al no verse limitada por la necesidad de conseguir el apoyo democrático presente de determinados grupos, cada un número de años relativamente corto, puede orientarse hacia el futuro con muchísima mayor libertad.
Estudios de Economía Política, Jesús Huerta de Soto, pág 239.

La especulación [día 7 (vídeo 2)] es la función empresarial [día 5 (vídeo 1)] ejercida entre distintos momentos del tiempo del actor.

5. La carencia de incentivos para actuar de forma eficiente. Una determinada línea de acción pública se mantendrá con independencia de su eficiencia [económica] si es que recibe el suficiente apoyo político... El incentivo político de la gestión pública es más bien el de expandirse de forma descontrolada que el economizar. Op. cit. pág 240.

Para que una decisión pública sea beneficiosa para la sociedad es preciso que exista una conexión entre aquellos que toman la decisión y los costes y beneficios que se deriven de la misma (concepto de "responsabilidad")... En la democracia representativa [a diferencia del mercado] se difumina y desaparece el nexo decisión-responsabilidad. Op. cit. pág 240.
Fuente: anarcocapitalismo

Por qué los políticos son corruptos, ineficientes y mentirosos

Por Jorge Valín

La respuesta corta es simplemente porque pueden serlo. ¿Qué hace un político? No hay mucha diferencia con la de un empresario. Ambos buscan una necesidad y la cubren. Una de las definiciones de empresario político es aquella persona que intenta obtener beneficios a cambio de reformas. (La forma más extendida del concepto es otra, y se refiere al hombre de negocios que intenta ganar beneficio mediante subsidios, proteccionismo, contratos del Gobierno o influencias políticas. Esto es lo que conforman los lobbies de la banca, ecologista o sostenible, sector alimenticio... Este sistema es que nos lleva al Capitalismo de amigotes o Crony Capitalism).

Las diferencias entre un político y un empresario son básicamente que:

1. El empresario necesita el favor del mercado para triunfar: el de su cliente, acreedores, accionistas y proveedores. La pérdida de confianza destruye al empresario al momento. El político no necesita el favor del "mercado", es decir, de la gente. En todas las naciones siempre hay dos partidos mayoritarios que controlan el país hagan lo que hagan. Solo necesitan el favor corporativista de otros políticos (oposición, parlamento, municipios...) y lobbies para conseguir sus fines.
   
    
2. El empresario no puede saltarse la legalidad, el político sí. Los medios políticos, en sentido amplio como: Gobierno, partidos, sindicatos, patronal... se financian mediante el robo de los impuestos, el fraude de la deuda o la extorsión de las tasas y multas. Si un empresario usara estas herramientas para crecer, iría a la cárcel. Solo una empresa privada en este país (y probablemente en el mundo) cobra un impuesto privado. La SGAE. La razón se debe a la unión política que tienen con el Gobierno. En un laissez faire, tal absurdidad no podría existir.
   
    
3. La irresponsabilidad. Un empresario siempre ha de ser responsable de sus acciones. Si vende artículos defectuosos o engañosos, tarde o temprano, pagará tal abuso. Incluso si hace una línea de productos que no gusta a la gente —el mercado—, lo tendrá que retirar. El político es todo lo contrario. Las acciones del político no tienen consecuencia. En este país hay escándalos cada día y ningún político dimite ni se le juzga. Incluso si hacen políticas nefastas para el país, son asumidas como gajes del oficio. ¿Por qué el Gobierno no ha de responder ante las pérdidas que ha provocado su ley antitabaco, Plan E, políticas ecologistas de Miguel Sebastián...?

Si una persona no es responsable de sus actos y tiene derechos ilimitados para hacer lo que quiere, ¿en qué se convierte de forma lógica? En un tirano. Es lo que les ocurre a los niños pequeños. Un niño de cinco años no entiende qué implica la responsabilidad, por eso acude a la violencia y conductas antisociales continuamente. Si tal comportamiento se le permite, lo único que hacen los padres es convertirlo en un sociópata. Solo los niños y el Gobierno recurren siempre a la violencia como forma habitual de interaccionar con la sociedad. Una sociedad así, no está madura.

El hombre medio desconoce que todo hombre se mueve por incentivos, no por vocaciones. La vocación del buen político es "servir a la gente" según la opinión popular. Pero los incentivos para dedicarse a la política son el beneficio personal. Incluso el que por vocación se dedica a la política no puede triunfar, ya que el corporativismo del sector y la búsqueda de intereses personales lo expulsan. El buen político, el que triunfa, es porque sabe negociar bien con relación a los intereses de su partido y/o Gobierno. Eso no tiene nada que ver con buscar fines humanistas para la sociedad. Los fines humanistas no son más que un engaño más para conseguir metas personales. ¿Se acuerda de las promesas de Zapatero? Ha hecho todo lo contrario a lo que prometió. Y no dude que en las elecciones de mayo una avalancha de ciudadanos votará a los socialistas.

La fe del ciudadano en el político se debe a la falacia de Hobbes o del Leviatán: el hombre es brutal y destructivo por naturaleza, por tanto, ha de existir uno de esos seres brutales y destructivos que lo coordine todo haciendo mejor a la sociedad. Tal invocación a la autoridad coercitiva no es más que un ensalzamiento mitificado del "buen gobernante" que solo existe en la imaginación de quien lo propugna.

¿Por qué los políticos son corruptos, ineficientes y mentirosos? Porque les resulta gratis. No tienen controles. No hay restricciones a sus acciones ni puede haberlas jamás porque ellos poseen el Poder. La única solución es limitar la fuerza de los medios políticos, ya sean sindicatos, patronal, funcionarios y evidentemente el propio Gobierno. El mayor incentivo para el crimen es la política, especialmente con un Gobierno Omnipotente.

Fuente

Extensa entrevista de Federico Jiménez a Aznar