El silencio sobre el proyecto de ley de reforma bancaria de Steve Baker y Douglas Carswell,

El silencio sobre el proyecto de ley de reforma bancaria de Steve Baker y Douglas Carswell, demuestra el loco poder de la banca sobre los medios de comunicación.

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El pasado 15 de septiembre, el Parlamento Británico iniciaba la tramitación de un proyecto de ley presentado por los diputados conservadores Steve Baker y Douglas Carswell, con el que se propone modificar el actual sistema de reserva fraccionaria que permite la multiplicación del crédito, al tolerarse a los bancos, según las normas de cada país, conservar sólo, entre un uno y un diez por ciento del dinero depositado por los clientes en los bancos, y el resto dedicarlo a  conceder préstamos. En definitiva, que los bancos, en contra de lo que suelen creer los ciudadanos, no custodian su dinero, sino que lo usan, ganan mucho utilizando los depósitos para sus propios fines, y si en un momento dado la gente va a buscarlo y lo saca en masa, descubren que no está allí, que es mentira, que no lo guardan.

De esta manera, el dinero circula de banco en banco, creando más dinero y más crédito, un gran negocio para los banqueros y una catástrofe para los ciudadanos, pues se trata sin duda de una de las causas principales de las grandes crisis cíclicas como la que vivimos en la actualidad, que obliga a las personas de a pie a rascarse los bolsillos, para sacar lo que no tienen, y ponerlo en los bancos, vía impuestos, o bien de manera indirecta -mediante “recortes sociales” por ejemplo-, y así llenar los grandes agujeros que dejaron los señoritos. Es ésta cuestión bien engañosa, pues cuando se rescata con dinero fabricado en los bancos centrales, hay quien cree que ese dinero no lo pone la gente, sin darse cuenta de que los llamados “ajustes” no son otra cosa que aligerar renta  -se quita, por ejemplo, de las pensiones- e inversión, para dar viabilidad al sistema financiero.

El diputado Steve Baker explicaba sus posiciones en este asunto, en un artículo publicado el mismo día 15 de septiembre en el Wall Street Journal, en el que afirmaba:

Hoy estoy apoyando a mi colega Douglas Carswell, miembro del Parlamento por Clacton, que ha introducido un proyecto de ley para eliminar la reserva fraccionaria bancaria. Nuestros amigos de los Estados Unidos y Europa nos observan muy de cerca, pues el mismo problema afecta a todo el capitalismo.

Afirmaba Baker, con buen criterio, que en esta crisis los bancos tomaron dinero prestado de los bancos centrales a tipos de interés bajísimos, con lo que se impulsaron las concesiones de hipotecas sin esperanzas reales de que éstas fuesen devueltas ni pagado el principal de la deuda, fiándose en la absurda idea de que los precios de los pisos seguirían subiendo indefinidamente y que no existía el riesgo de impago, con lo que en realidad se estaba impulsando un monstruoso negocio de derivados, mediante la titulización masiva de esas hipotecas basura, que al final han ido a parar a manos de los bancos centrales, y por lo tanto están siendo pagadas por la ciudadanía, con lo que la banca vuelve a ganar una y otra vez, mientras sus directivos se llevan sus retribuciones bien crudas, allí donde las pueden guardar a buen recaudo.

Bien cierto es que el corolario de esta escandalosa etapa de nuestra historia estuvo en los rescates masivos de los bancos en todos los países, e incluso en las modificaciones legislativas que se realizaron, por ejemplo, en España, a través de la legislación mercantil y del suelo, para impedir la quiebra de bancos y cajas de ahorros, interviniendo directamente para impedir las quiebras y mantener las empresas de promoción inmobiliaria y entidades financieras, como auténticos zombis, mientras el banco central compra las titulizaciones hipotecarias y deuda pública a mansalva a los bancos, para seguir financiándolos, y así estos siguen financiando a los estados, en una situación de imprevisible desenlace.

Concluía Baker su artículo:

Los enemigos de la libertad retratan la crisis financiera como un fallo del capitalismo. En realidad no son los mercados los que aseguran privilegios como los que tiene la banca con reserva fraccionaria, sino los políticos. El privilegio legal de la reserva fraccionaria destruye los mecánica de la propiedad capitalista y las leyes de contratación. Hoy, esperamos acabar con ella.

Supongo que a estas alturas se preguntarán cómo es posible que esta iniciativa no haya encontrado eco periodístico en España, algo que no se puede explicar sólo por la índole conservadora de la iniciativa. La pregunta huelga. Es una pregunta tonta: ¿quién financia aquí los medios de comunicación? Lo único que he encontrado al respecto es este artículo de Manuel Llamas en Libertad Digital. En el vídeo, el catedrático Jesús Huerta de Soto, un viejo conocido de esta página, adalid de la llamada escuela austriaca de economía, explica en qué consiste el problema. En este enlace, tienen una aproximación “de izquierdas” al problema, por si alguien tiene reacciones alérgicas a la “derecha”.

Reforma para eliminar la reserva fraccionaria

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Una pequeña reforma con enormes repercusiones

Juan Ramón Rallo

Veremos si los socialistas de todos los partidos, tan entusiasmados hasta la fecha con regular cualquier mínimo aspecto de la vida interna de los bancos, se suman a la propuesta. Me atrevo a adelantarles la respuesta: no.

Mucho se ha debatido durante estos días sobre si la reforma bancaria contemplada en Basilea-III era suficiente o no para combatir esa lacra que son los ciclos económicos. El nuevo tratado propone reforzar la solvencia y la liquidez de los bancos obligándoles a disponer de más fondos propios y activos líquidos que en la actualidad, de modo que sean capaces de resistir con más holgura las pérdidas y las mermas de financiación.

Y aunque en muchos sentidos Basilea-III suponga un avance con respecto a la barra libre actual –más que libre, subvencionada inflacionariamente por los sufridos ciudadanos–, la perspectiva que adopta el tratado parte de un error fundamental: no busca acabar con las causas que provocan los ciclos, sino que trata de minimizar sus consecuencias. O, en otras palabras, su hipótesis de partida es que los ciclos son inexorables y que cuanto podemos hacer es ir preparando su inexorable llegada.

La realidad es muy distinta: los ciclos son una consecuencia directa de la expansión del volumen de crédito bancario por encima del ahorro que lo está financiando. Dado que los tipos de interés a largo plazo son muy superiores a los tipos de interés a corto plazo, los bancos tienen enormes incentivos para endeudarse a corto plazo e invertir a largo plazo; nefasta práctica conocida como "transformación de plazos" que, por un lado, permite que los fondos disponibles para hipotecas, proyectos empresariales o créditos al consumo sean muy superiores al volumen de ahorros que puede financiarlos de manera sostenible y que, por otro, sitúa al banco en una situación tal de apalancamiento a corto plazo que éste sólo consigue sobrevivir gracias a los recurrentes chutes o inyecciones de crédito que le va proporcionando recurrentemente el banco central de turno.

Es absurdo, como hace Basilea-III, desligar este proceso de creación artificial de crédito de las distorsiones que se van acumulando en una economía hasta que colapsan en forma de crisis –por ejemplo, la hipertrofia del sector de la construcción, derivada del abundante crédito hipotecario– y de la escasísima liquidez y solvencia que exhiben los bancos modernos. Cuanto más crédito desligado del volumen de ahorros se genere, más distorsiones se producirán en la economía y menos líquidos y solventes se volverán los bancos. Así de crudo y así de simple.

Por fortuna, en el Parlamento inglés un grupo de diputados conservadores, que trata de mirar más allá de la misma sabiduría convencional que nos ha conducido a esta Segunda Gran Depresión, ha presentado una iniciativa de ley que cambia por completo la hipótesis de partida: los ciclos económicos no son perturbaciones exógenas e inexplicables frente a los que debamos protegernos como si consistieran en una lluvia de meteoritos, sino procesos endógenos de creación insostenible de crédito que debemos combatir como si de un atentado contra los pilares de nuestra prosperidad se tratara.

Así, inspirados en la obra del catedrático español de Economía Jesús Huerta de Soto, han propuesto algo tan simple como limitar uno de los casos más extremos de transformación de plazos: los bancos se endeudan a la vista con el gran público (nuestras cuentas corrientes son eso, depósitos a la vista) al tiempo que invierten a larguísimos plazos (por ejemplo, concediedo hipotecas). En otras palabras, por un lado nos prometen devolvernos nuestro dinero en el momento en el que nosotros lo deseemos y, por otro, lo tienen inmovilizado y comprometido en proyectos que, con suerte, sólo lo recuperarán al cabo de 10, 20 ó 30 años. Algo obviamente imposible de cumplir salvo recurriendo a la inflación y al envilecimiento de la moneda: al fin y al cabo, si las inversiones a largo plazo del banco destinan los factores productivos a construir durante diez años una autopista, difícilmente podremos los depositantes hacer mientras tanto un uso distinto de esos factores productivos –por ejemplo, dirigirles a que nos fabriquen un automóvil en los próximos meses.

Y pese a ello, muchas personas a día de hoy siguen creyendo ingenuamente que el dinero que depositan en su banco se encuentra custodiado en una caja fuerte de la que pueden echar mano cuando lo deseen. El objetivo de la ley es precisamente clarificar esta posible confusión de partida: ¿quiere usted, señor depositante, entregarle su dinero al banco en concepto de depósito –de modo que la entidad no pueda hacer ningún uso del mismo– o en concepto de préstamo –de manera que la entidad pueda disponer de él como desee?

Una simple pregunta que limitaría enormemente la creación de crédito fiduciario en nuestros días y que, por tanto, suavizaría de verdad los ciclos económicos. Es probable que no sea la cortapisa definitiva contra las crisis, pues los bancos podrían seguir abusando del crédito a través de los préstamos a muy corto plazo (por ejemplo, préstamos a un día o a una hora que fueran renovándose permanentemente) al tiempo que disfrutan del importantísimo respaldo inflacionista de los bancos centrales para compensar su iliquidez; pero desde luego sí es una de las reformas más sencillas, inmediatas y útiles que podemos implementar a día de hoy y hasta que sea posible eliminar los bancos centrales, las legislaciones de curso forzoso y someter a todos los bancos a un régimen de competencia respetuoso con los contratos privados y los principios generales del derecho.

Veremos si los socialistas de todos los partidos, tan entusiasmados hasta la fecha con regular cualquier mínimo aspecto de la vida interna de los bancos, se suman a la propuesta. Me atrevo a adelantarles la respuesta: no. Al fin y al cabo, el principal beneficiado de la transformación de plazos de los bancos no es otro que el Estado, quien puede financiar sus dispendiosas emisiones de deuda pública a tipos de interés risiblemente bajos. Evitar las crisis siempre fue lo de menos.

Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores, galardonado con el Premio Libre Empresa 2010.

Ayer fue un día histórico

Si tienen éxito pasarán a la posteridad como Wilberforce -en relación con la abolición del comercio de esclavos- y otros grandes prohombres del Reino Unido, a los que tanto debe el mundo entero.

En la cuna de la democracia moderna, en el Parlamento del Reino Unido, ayer fue oficialmente aprobada en Londres la presentación de un proyecto de ley que tiene un doble objetivo: por un lado, la defensa plena y efectiva del derecho de propiedad del dinero de los ciudadanos depositado en forma de cuentas corrientes en los bancos; y por otro, acabar de una vez por todas con los ciclos recurrentes de auge artificial, crisis bancaria y financiera, y recesión económica que vienen afectando a las mal llamadas economías de mercado desde hace, al menos, doscientos años.

El proyecto de ley pretende, en total consonancia con los principios generales del derecho de propiedad que son imprescindibles para que funcione una economía de mercado, acabar con el privilegio de que actualmente goza la banca privada para actuar con un coeficiente de reserva fraccionaria en relación con los depósitos a la vista (y equivalentes) que recibe. Se trata de reinstaurar el coeficiente de caja del 100 por cien para el dinero depositado a la vista y de culminar la Ley bancaria de Peel de 1844, que ya correctamente diagnosticó el problema de la reserva fraccionaria, pero lamentablemente dejó a los depósitos a la vista fuera del requisito legal de coeficiente del 100 por cien que sí exigió en relación con la emisión de papel moneda.

Como consecuencia, la Ley de Peel no logró su objetivo, los bancos siguieron expandiendo artificialmente el crédito con cargo a depósitos de nueva creación (simple asientos contables en sus balances) y generando burbujas especulativas, que tarde o temprano, cuando el mercado descubre los errores cometidos, dan lugar inexorablemente a graves crisis bancarias y financieras y a profundas recesiones económicas. (El que tenga interés en profundizar en todos los detalles analíticos e históricos puede consultar mi libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, publicado en 4 ediciones en español y traducido a trece idiomas).

Es emocionante que un puñado de diputados tories encabezados por Douglas Carswell y Steven Baker hayan dado este paso. Si tienen éxito pasarán a la posteridad como Wilberforce -en relación con la abolición del comercio de esclavos- y otros grandes prohombres del Reino Unido, a los que tanto debe el mundo entero.

Jesús Huerta de Soto es catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid