¿Que país queremos ser en el futuro Suiza o Argentina?

Presentación de "Una alternativa liberal para salir de la crisis: más mercado y menos Estado"

El economista Juan Ramón Rallo presenta su libro "Una alternativa liberal para salir de la crisis: más mercado y menos Estado" (Deusto editorial) con la presentación de Carlos Rodríguez Braun, en la fundación Rafael del Pino, el día 25 de Octubre del 2012.

¿Y si bajamos el salario mínimo antes de extender el subsidio?

Ante la polémica sobre si, como proponía recientemente el BCE, había que reducir el salario mínimo y ante la otra polémica sobre si había que mantener el subsidio extraordinario de 400 euros para los parados, se me ocurrió plantear por Twitter la siguiente pregunta: “¿Por qué trabajar por 400 euros al mes es indigno e ilegal pero recibir un subsidio estatal de 400 euros es un derecho social?”.

La cuestión no iba particularmente dirigida a defender la eliminación del subsidio de 400 euros (algo que podría defenderse, pero por otras razones) sino, simple y llanamente, a abrir un debate más sencillo: si consideramos digno y aceptable que una persona sobreviva con una renta estatal de 400 euros, ¿por qué elevamos a la categoría de indigno e ilegal el que una persona se gane esos 400 euros trabajando a tiempo completo (posibilidad prohibida merced a nuestras leyes de salario mínimo)?

La diferencia económica entre percibir un subsidio y un salario es fundamental: un trabajador recibe un salario porque contribuye a generar una riqueza que luego es vendida a los consumidores, mejorando el bienestar de estos últimos; un parado, en cambio, recibe un subsidio a partir de los impuestos que pagan los agentes que siguen generando riqueza, esto es, se apropia de una parte de la riqueza de esas personas sin entregarles nada a cambio.

Malos argumentos económicos

Entendería, y hasta cierto punto vería coherente, que una persona abogara por reducir el salario mínimo a, al menos, 400 euros al mes y, para aquellas personas que ni siquiera así hallen ocupación, promueva que se les asigne una ayuda temporal de 400 euros. Lo que me resulta incomprensible es que se opte por prohibir relaciones laborales de 400 euros (leyes de salario mínimo) y, en cambio, se considere imprescindible el mantenimiento del subsidio. ¿Acaso trabajar por 400 euros es indigno pero recibirlos sin trabajar no lo es?

La respuesta más inmediata para oponerse a la reducción del salario mínimo es que “con 400 euros no se puede vivir”. Pero si eso fuera así, ¿entonces qué ganamos conservando un subsidio de 400 euros con el que no se puede vivir? Ante esto, rápidamente se argumenta que la ayuda estatal de 400 euros constituye un auxilio transitorio a la espera de encontrar un trabajo. Pero, ¿un trabajo por el que se perciben 400 euros al mes no es una situación provisional a la espera de encontrar una ocupación mejor y con mayor remuneración?

Constatada la flagrante contradicción, entonces comienza el despliegue de malas intuiciones económicas. La más primaria y la que, en el fondo, más indignación genera es que si se pagaran salarios de 400 euros mensuales, “alguien se estaría aprovechando”. Ese alguien es, claramente, el empresario capitalista que, según este punto de vista, se lucraría a costa de abonar bajos salarios a los seis millones de parados.

Un parado que trabaja a cambio de 400€ crea riqueza y contribuye a relanzar la economía

Sin embargo, semejante explicación se topa con obstáculos muy serios. Si los empresarios españoles pudiesen pagar salarios de 400 euros mensuales a los seis millones de parados, ¿obtendrían una rentabilidad normalita (equivalente al 4-5% de su inversión) o una extraordinariamente alta? Si el caso es el primero, simplemente estaríamos diciendo que para crear negocios viables en España (que cubran el coste del capital) necesitamos salarios más bajos y, por tanto, no habría motivo para oponerse a la rebaja salarial (salvo que queramos impedir que se creen negocios viables en España). Si fuera el segundo caso, esto es, si pagar salarios de 400 euros fuera un auténtico chollo en relación con los ingresos que un empresario puede obtener mediante la venta de la producción de los trabajadores, nuestra predicción debería ser que, rebajando el salario mínimo a 400 euros, no sólo los seis millones de parados desaparecerían (pues sería una ganga contratarles y “explotarles”), sino que además la inversión extranjera entraría a tropel en nuestro país para dar empleo a las masas depauperadas. O dicho de otro modo, la inversión seguiría entrando en España hasta que el paro desapareciera, los salarios subieran y la rentabilidad de las empresas dejara de ser extraordinaria: si eso no sucediera, entonces es que la rentabilidad empresarial por pagar salarios de 400 euros al mes no sería tan extraordinariamente alta.

Pero, si lo fuera, ¿cuál sería entonces el problema de que los salarios se ajustaran a la baja transitoriamente hasta que se crearan en España nuevos modelos de negocio que permitieran ir abonando sueldos mayores con el paso del tiempo y la mejora de la productividad? ¿Acaso es preferible la alternativa de que el Estado se endeude hasta la bancarrota para proporcionarles a los parados subsidios de 400 euros que no contribuyen a crear esos modelos de negocio? No lo parece: a corto plazo, un parado que pasa a trabajar a cambio de 400 euros crea riqueza para los consumidores y a largo plazo contribuiría a relanzar la economía. Todo lo contrario que con los subsidios estatales.

Llegan entonces quienes sostienen que pagar salarios de 400 euros deprimiría aún más el consumo y hundiría la economía. De nuevo, el problema de esta tesis es triple: el primero, que lo mismo puede decirse de los subsidios de 400 euros. El segundo, que el crecimiento de las economías capitalistas no depende del consumo, sino del ahorro y la inversión. Y el tercero, que la situación española acredita que sus dificultades no vienen de la falta de consumo, sino la falta de inversión derivada de insuficiencia de oportunidades de negocio rentables. Y la falta de oportunidades de negocio no procede de la caída del consumo interno, sino de que no somos lo suficientemente competitivos como para vender mucho más al extranjero, y no lo somos por una cuestión de costes empresariales (entre ellos, el coste interno del trabajo). España se sigue endeudando con el exterior para financiar su gasto interno; un endeudamiento que ya no podemos permitirnos y que por tanto hay que reducir a cero (consumiendo menos y exportando más).

Esclavitud versus pobreza

Y en este punto es cuando todo intento por razonar colapsa y el interlocutor se limita a exclamar que con tales condiciones laborales volveríamos al esclavismo, lo cual constituye un disparate mayúsculo. Primero, porque entonces el subsidio de 400 euros al mes se convertiría, por idénticos motivos, en una forma con la que el Estado esclaviza o compra en propiedad a sus ciudadanos. Segundo, porque las relaciones esclavistas son coactivas, hasta el punto de que el esclavo no puede cambiar de trabajo si encuentra una oferta laboral mejor. Y tercero, por una falta de perspectiva geográfica e histórica: en muchos países europeos, salarios de 400 euros son la pauta general y en España hace 30 años en España se percibían sueldos medios reales de 900 euros (lo que significa que una parte de la población los percibía de 400 o 500) sin que nada de todo ello constituyera esclavitud.

No se trata, claro, de que uno desee volver a esas épocas pretéritas, sino simple y llanamente de diferenciar pobreza de esclavitud: ser más pobres (o mucho más pobres) de lo que lo somos ahora no nos convierte en esclavos, sino en más pobres. Y, de hecho, deberíamos ser conscientes de que la burbuja inmobiliaria, provocada y agravada por el intervencionismo estatal, sí nos ha pauperizado enormemente: negarnos a reconocerlo y a adaptarnos en consecuencia sólo hace que agravar nuestra ya de por sí precaria situación actual.

Al final, pues, toda esta instintiva crítica a los salarios bajos y su paralela defensa del subsidio estatal probablemente sólo sean un mecanismo de autodefensa: dado que si nos halláramos en una situación de desempleo preferiríamos cobrar un subsidio sin trabajar que trabajar por un salario tan bajo, tratamos de convencernos y de convencer a los demás de que tal escenario es el deseable, aunque objetivamente no lo sea. Desde un punto de vista social, sería mucho más generoso fabricar algo de riqueza para la comunidad (a partir de la cual cobrar un salario mensual de 400 euros) que arrebatar parte de la riqueza que generan los demás. Pero, desde el punto de vista individual, obviamente todos preferiríamos consumir sin producir (sin trabajar), de ahí que, incluso inconscientemente, se retuerzan los razonamientos para justificarlo.

La cuestión, sin embargo, sigue siendo: ¿por qué antes de entregar una renta estatal de 400 euros a los parados no descubrimos si puede crearse empleo y riqueza con salarios mínimos de 400 euros mensuales?

Fuente

España, rescatada

 ‎"Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Uno es por la espada. El otro es por deuda."-John Adams, 1826


 Capitalismo es igual a privatizar beneficios y privatizar pérdidas. ¿Se cumple lo segundo? No. Pues entonces no culpen al capitalismo.

Por Juan Ramón Rallo
Escuchadas todas las partes, ya podemos formarnos una primera idea sobre el plan de rescate (sí, rescate) del Eurogrupo a España. Ahí van:
Es un rescate en toda regla pero sin condiciones al Gobierno: El PP se está esforzando sobremanera en sostener que no estamos ante un rescate porque la asistencia financiera no es idéntica a la prestada a Irlanda, Grecia o Portugal. En estos casos, la Troika rescató a los gobiernos que eran incapaces de emitir deuda en el mercado a tipos de interés competitivos. En nuestro caso, parece que no ha sido así, pero sólo lo parece. En realidad, el Gobierno había decidido recapitalizar con fondos públicos a la banca española… pero se sabía incapaz de emitir 100.000 millones de euros en el mercado sin que los tipos de interés se le fueran a la estratosfera. Por consiguiente, al final estamos en lo mismo: se le presta asistencia al Gobierno para sus objetivos de gasto (en este caso, de gasto dirigido a recapitalizar bancos). El Eurogrupo es taxativo a este respecto: el dinero se le presta al FROB, que actúa como agente del Gobierno. Sí, del Gobierno, no de los bancos.
El dinero no lo devolverá la banca, sino los contribuyentes: Esta excusa oficial es esencial por un doble motivo. Primero, sirve para aplacar los ánimos de una ciudadanía a la que se le ha añadido, de golpe y porrazo, unas deudas de más de 2.000 euros por cabeza para salvar a los malos inversores de la banca. Segundo, tratándose de una inversión que se espera que vaya a ser recuperada, no computa como déficit. En realidad, es todo puro teatro. Como ya ha sucedido con los 4.500 millones famosos de Bankia, no estamos ante una operación gubernamental dirigida a proporcionar liquidez a la banca, sino que va orientada a tapar colosales agujeros de estas entidades. El dinero no se le va a devolver al FROB (o al menos no en un futuro previsible… dentro de 20 años, quién sabe) y, por tanto, será el contribuyente español quien tenga que amortizarlo con Europa. Debería contar como déficit, pero se manipularán las cuentas a la griega con la connivencia de Eurostat.
No es positivo que haya sido un rescate sin condiciones: El Partido Popular ha pretendido convertir los intereses del partido en los intereses de la nación. Desde luego, un rescate condicionado habría sido una humillación en toda regla para el PP. Sería tanto como decirles que son unos completos inútiles incapaces de hacer una a derechas contando con mayoría española en casi toda España. La nación, en cambio, sí necesitaba que se le impusieran al Gobierno condiciones muy serias de reducción del déficit público por el lado de los gastos, pues tenemos un déficit público exorbitado: el 8,9% en 2011. El PP no quería una tutela, y al final se ha salido con la suya en perjuicio de los españoles.
El déficit no aumenta, pero la solvencia del Reino de España sí se resiente: El déficit a efectos de Eurostat es una mera argucia contable de importancia limitada a la burocracia bruselense. Lo que les interesa a los inversores es el monto total de deuda pública viva y su capacidad para amortizarla por parte del Gobierno. El rescate del Eurogrupo no eleva el déficit, pero sí eleva la deuda en unos 10 puntos del PIB. Aunque a corto plazo se despejan incertidumbres sobre cómo se iba a financiar el rescate bancario español (cabía el riesgo de que el Gobierno del PP quisiera emitir los 100.000 millones directamente en el mercado, lo que habría sido su tumba, como lo fue la de Irlanda) y probablemente contribuya a relajar la prima de riesgo, a medio plazo será sólo un nuevo clavo en el ataúd de la solvencia del sector público. Con este plan nos iremos, como mínimo, a una deuda sobre el PIB del 90% para finales de 2012. Con una economía esclerotizada como la española, el servicio de la deuda va siendo cada vez más inverosímil.
Los bancos no volverán a dar crédito a partir de ahora: Aunque otro brillante pretexto oficial para justificar este saqueo al contribuyente sea que, gracias a la inyección de capital, los bancos volverán a dar crédito a partir de ahora, este razonamiento es erróneo por dos motivos. Uno atañe al lado de la oferta de crédito, es decir, de los bancos: con estos 100.000 millones la recapitalización del sistema financiero español NO se ha completado. Faltan otros 50.000 millones que muy probablemente se lograrán en año y medio o dos años a través de provisiones contra beneficios de la banca. Pero de momento, no hay saneamiento total (lo único positivo que, acaso, pueda esperarse por esta vía es que los bancos comiencen a sacar a la venta todos los activos adjudicados y depreciados que tienen en sus balances, pero hasta el momento han acreditado una extraordinaria lentitud en este sentido). El otro motivo, más importante, atañe a la demanda de crédito: si ahora mismo no hay crédito en la economía española no es porque los bancos no tuviesen capacidad para extenderlo hasta la fecha (hay bancos perfectamente solventes que han limitado al máximo su exposición a España, y en general toda la banca seguía prestándole al Gobierno), sino porque no se fían de la viabilidad de la economía española. Esto no ha cambiado en absoluto, si acaso ha empeorado con los 100.000 millones adicionales de endeudamiento. España sigue siendo un sistema económico hiperendeudado y totalmente desequilibrado, cuya capacidad para generar suficiente riqueza con la que amortizar su losa de deuda es más que discutible. La potencial insolvencia del Reino de España significa que nuestra salida del euro es una posibilidad muy real y, ante tal contingencia, muy pocos se arriesgan a invertir (cualquier activo español puede perder de la noche a la mañana un 30%-40% de su valor). Mientras no haya un saneamiento del conjunto de la economía (Gobierno, familias y empresas) el crédito no volverá a fluir, pues seguirá tratándose de una operación altamente arriesgada que muy pocos querrán acometer. Por eso era tan importante que Bruselas atara en corto al Gobierno y, por eso, lo de hoy ha sido sólo un fiasco dirigido a que el contribuyente español pague las pérdidas de los bancos españoles.
Sí había alternativa a la socialización de deudas: La alternativa que de verdad hubiese contribuido a sanear nuestra economía y que no hubiese castigado al ya muy sufrido contribuyente es la capitalización de deuda (o bail-in). A saber, convertir a parte de los acreedores de los bancos insolventes en accionistas. Esta solución, mucho más justa y adecuada que la socialización de pérdidas, se ha descartado por miedo a que se generara un pánico bancario en España. Extraño argumento en un país cuya banca vive desde hace meses enchufada a la financiación del BCE en más de 300.000 millones de euros.
En definitiva, estamos ante un parche más a un problema muchísimo mayor y más complejo que el de inyectarles el 10% del PIB español a nuestras entidades financieras. El Gobierno del PP sigue careciendo de una visión global del problema (acaso porque no le interesan las soluciones liberales que de ahí se desprenden) y, por tanto, continúa improvisando y cargándole el muerto al contribuyente como ya lo hacía el de Zapatero. A corto plazo será un paliativo de la histeria que vivíamos en los mercados para financiarnos; a medio y largo plazo, un fracaso más.
Por resumirlo: los españoles debemos 100.000 millones más sin que nuestros políticos vayan a notar restricción alguna en su muy dispendiosa predisposición a gastar nuestro dinero. Y los únicos que de verdad salen bien parados de la operación son los acreedores de los bancos quebrados; es decir, justamente aquellos que en un sistema realmente capitalista habrían cargado con la responsabilidad de sus errores de inversión.

¿Cuáles son los efectos de subir el IVA?

 Así se oponía el PP a las subidas del IVA cuando las hacía el PSOE


El aumento del IVA deprime de manera desigual las ventas de las empresas más cercanas al consumo y promueve el cierre de aquellas explotaciones menos rentables.


El IVA es un impuesto que busca gravar el consumo, es decir, se trata de un impuesto que deberían soportar íntegramente los consumidores. Sin embargo, cuando de analizar el impacto económico de los impuestos se trata, de nada sirve acudir al texto legal, pues una característica esencial de los tributos es que pueden ser repercutidos: no los paga el que figura como sujeto pasivo, sino aquel otro al que el sujeto pasivo es capaz de trasladarle total o parcialmente la carga del impuesto. Es necesario, pues, ir más allá de lo evidente y estudiar cuáles son las consecuencias últimas del IVA.

Empecemos explicando grosso modo su funcionamiento: aunque el IVA lo paga el consumidor, es cada empresario el que tiene que repercutir el gravamen sobre los bienes o servicios que vende a sus clientes, esto es, es al empresario a quien le corresponde la obligación tributaria de recaudar e ingresar al erario el monto del impuesto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el cliente de un empresario es otro empresario? Pues que ese otro empresario soporta el pago del IVA pero también se lo repercute más adelante a sus propios clientes, por lo que únicamente deberá abonar a Hacienda la diferencia entre el IVA que ha soportado y el IVA que ha repercutido (es decir, cada empresario ingresará el gravamen sólo en función del valor añadido que ha aportado a la producción).

Por ejemplo, supongamos un tipo fijo del IVA del 20%. El empresario A vende madera por 10.000 euros al empresario B, a cuyo importe ha de repercutirle el gravamen del 20% (siendo el precio final 12.000 euros). El empresario B utiliza la madera para fabricar sillas y se las vende al empresario C (un minorista) por 15.000 euros más el IVA (es decir, 18.000 euros). Finalmente, el empresario les venderá las sillas a los consumidores por 30.000 euros más el IVA (es decir, 36.000 euros). Si repasamos las transacciones anteriores, comprobaremos que el empresario A ha repercutido a B 2.000 euros por IVA (cantidad que tendrá que ingresar a Hacienda), que el empresario B ha soportado de A un IVA de 2.000 euros y ha repercutido a C 3.000 euros (de modo que tendrá que ingresar a Hacienda sólo 1.000 euros) y el empresario C ha soportado de B 3.000 euros por IVA y ha repercutido a los consumidores 6.000 euros (por lo que tendrá que ingresar a Hacienda 3.000 euros). En total, Hacienda recibirá 6.000 euros (2.000 de A, 1.000 de B y 3.000 de C), que coincidirá con el monto abonado por los consumidores.

Hasta aquí los efectos que busca el legislador. Pero, ¿cuáles son sus consecuencias reales de establecer o incrementar el IVA?

La primera, claro está, es una fuerte presión a que se incrementen los precios de todos los bienes de consumo. Ahora bien, esa presión no será uniforme, pues ni todas las empresas lo tendrán igual de fácil para repercutir el nuevo impuesto al consumidor final ni a todas les interesará hacerlo en la misma medida. En concreto, aquellas empresas con márgenes de beneficio muy estrechos y que sobreviven gracias a vender un gran número de unidades (por ejemplo, los supermercados) preferirán repercutir el IVA a menos que su demanda experimente un desplome colosal; por otro lado, aquellas empresas que venden pocas unidades a unos márgenes de beneficios muy amplios (por ejemplo los astilleros) optarán por no repercutir el IVA a poco que se les pudiera reducir la demanda.

La razón es sencilla de comprender: a las primeras les interesa conservar su margen de beneficio (aun a costa de menores ventas) mientras que a las segundas les compensa conservar sus ventas (aun a costa de un más estrecho margen). Por consiguiente, no siempre un mayor IVA se traducirá en precios más altos.

Lo que sí sucederá en cualquier caso, sin embargo, es que los beneficios de las empresas serán menores que en ausencia del impuesto, ya se deba a la caída de las ventas o a los más estrechos márgenes. Y esta reducción de beneficios nos lleva a la segunda consecuencia de la subida del IVA: las empresas irán cancelando aquellos proyectos que dejen de ser rentables, despidiendo a los factores productivos allí empleados. Vemos, por tanto, que el IVA, lejos de pagarlo en exclusiva el consumidor, extenderá sus efectos perversos tanto sobre los accionistas de las empresas cercanas al consumo cuanto sobre los trabajadores y proveedores de esas compañías.

Por eso, dicho sea de paso, es importante que las empresas tengan libertad para decidir si quieren tratar de repercutir el IVA sobre sus precios finales o no. Lo esencial no es que se minimice la influencia del IVA sobre el consumidor, sino que se minimicen las pérdidas derivadas de su implantación, pues, en caso contrario, se estará maximizando la destrucción de producción y de empleo en perjuicio del conjunto de la economía. De ahí también, por cierto, que muchos economistas aboguen por combinar la subida del IVA con una reducción de las cotizaciones sociales, pues algunas de las líneas de producción que dejan de ser rentables con el aumento del IVA pueden volver a serlo con la rebaja de los costes laborales (si bien el resto de factores no se salvarían de la quema).

En tercer lugar, la caída de beneficios empresariales podría contenerse mediante las alteraciones que el aumento del IVA genere sobre las relaciones comerciales. Por un lado, el IVA encarece no sólo la producción nacional, sino también la producción extranjera, por lo que hasta cierto punto podría existir una cierta sustitución de importaciones: los consumidores nacionales podrían dejar de comprar bienes foráneos para mantener sus compras interiores, cargando las tintas del ajuste del gasto en los productores extranjeros. Por otro, dado que las exportaciones se encuentran exentas de IVA, los productores nacionales se verán incentivados a dar salida en los mercados exteriores a su producción –donde no se habrá encarecido–, lo que podría compensar en todo o en gran parte la caída interna de las ventas.

En este sentido, suele decirse que los efectos del IVA sobre el comercio exterior son parecidos a los de una devaluación de la moneda, pero en realidad sus efectos no son exactamente iguales. Primero, porque la tendencia a la sustitución de importaciones es muy inferior en el caso de la subida del IVA (la devaluación encarece sólo los productos extranjeros, mientras que el IVA encarece los internos y los extranjeros); segundo, porque la promoción de las exportaciones es menos intensa con la subida del IVA (la devaluación abarata las exportaciones en moneda extranjera; el aumento del IVA no abarata las exportaciones, simplemente no las encarece); tercero, porque las distorsiones sobre los precios relativos son menores con el IVA (la devaluación encarece las importaciones de factores extranjeros, lo que necesariamente modifica los patrones de producción internos); y cuarto, la expectativa de un aumento del IVA no incentiva por sí mismo una salida de capitales del país, como sí lo hace la expectativa de devaluación. En resumen: los efectos del aumento del IVA sobre el comercio exterior serán más bien parcos y muy probablemente no compensen la reducción interna de la demanda.

En cuarto término, en la medida en que el aumento del IVA encarece el gasto en consumo, podría pensarse que promueve el ahorro y todos los muy beneficiosos efectos sobre la economía que éste acarrea. Pero esto no es necesariamente así: de hecho, el incremento de los gravámenes sobre el consumo bien podría terminar generando un desahorro en el conjunto de la economía, pues las familias podrían optar por consumir un mayor porcentaje de sus rentas para mantener sus encarecidos niveles de consumo. Si, en cambio, el IVA impulsa en mayor o menor medida el ahorro y la inversión, a corto plazo se podría reabsorber a parte de los factores desempleados en las industrias de consumo y a largo plazo sería posible regresar a los niveles anteriores el consumo privado gracias a la mayor productividad. Con todo, en países con fuertes incertidumbres internas, el acrecentado volumen de ahorro podría terminar refugiándose en el extranjero, con lo que no habrá una mayor inversión interna y, por tanto, el mayor consumo futuro sólo sería posible para los capitalistas y no para los trabajadores.

Y, por último, el aumento del IVA agravará los problemas de liquidez de algunas de las empresas de la economía. Por un lado, no será inhabitual que los empresarios deban ingresar su cuota diferencial entre el IVA que han repercutido y el que han soportado antes de que hayan cobrado las facturas que contienen el IVA repercutido. Por otro, algunos empresarios acumularán saldos acreedores por IVA con la administración tributaria en el curso normal de sus actividades (por una gran inversión inicial en activos fijos o circulantes que no hayan repercutido por completo en sus ventas). En ambos casos, los profesionales deberán disponer de reservas de tesorería o de líneas de crédito extraordinarias, lo que les acarrearán un sobrecoste financiero que en buena medida contrarrestará los efectos positivos del mayor ahorro potencial atribuible al IVA.

En definitiva, el aumento del IVA deprime de manera desigual las ventas de las empresas más cercanas al consumo y promueve el cierre de aquellas explotaciones menos rentables; dos pauperizadores efectos que aparentemente podrían compensarse en parte con la mejora del saldo exterior, el aumento de la inversión interna y el (ineficiente) incremento del gasto público que el IVA puede conllevar. Sin embargo, lo primero y lo segundo no es seguro que se den de manera apreciable y lo tercero no tiene por qué ser más deseable para los consumidores que los bienes que hubiesen podido adquirir en ausencia del mayor IVA: es decir, en cualquier caso, la sociedad se empobrecerá.


Fuente 

La verdadera asignatura pendiente: educación financiera

" El analfabetismo financiero es una de las grandes lacras de Occidente." Robert Kiyosaki


Por Juan Ramón Rallo

Como liberal, uno no puede más que apoyar la libertad de los distintos centros de enseñanza para trazar sus propios itinerarios educativos en un proceso de saludable competencia por captar el favor de los alumnos y de sus padres. Ahora bien, semejante declaración de principios no obsta para que posea mi propia opinión acerca de qué materias sería deseable que se encontraran en todos o en casi todos los currículums formativos.

Algunas de ellas –como las Matemáticas o la Historia– ya conforman peor que mejor los actuales planes de estudio, de modo que los pobres conocimientos de muchos estudiantes en estos campos no cabe atribuirlos a la ausencia de horas lectivas sobre las mismas sino al muy mal aprovechamiento que se hace de las mismas. Sin embargo, existe una disciplina cuyo generalizado desconocimiento sí es en gran medida imputable a su incomprensible ausencia dentro de los planes de estudio trazados por el Estado: me refiero a la educación financiera.

Analfabetismo financiero

El inversor y famoso autor Robert Kiyosaki considera que el analfabetismo financiero es una de las grandes lacras de Occidente. Una buena educación financiera habría paliado muchos de los enormes problemas económicos que hoy aquejan a la economía mundial: masivo endeudamiento a todos los niveles, excesiva presencia  de la propiedad inmobiliaria dentro de las carteras patrimoniales de casi todos los ciudadanos, crónica carencia de ahorros para atender cualquier imprevisto y para afrontar con holgura la jubilación (lo que, a su vez, degenera en una esclavizadora dependencia del Estado niñera), impuestos altos y crecientes sobre todas las formas de ahorro, aversión y desconfianza hacia la figura del explotador empresario, gasto público creciente y estéril, etc.

Una buena educación financiera no nos inmunizaría por entero contra todos estos prejuicios, muchos de ellos implantados evolutivamente en nuestras mentes, pero sí les abriría nuevas puertas a los adolescentes, no ya para que den la batalla ideológica en contra del estatismo reinante, sino simple y llanamente para que sean conscientes de que sus finanzas personales deben ser administradas con mucho tacto y mucho mimo si no quieren ver frustrados gran parte de sus objetivos vitales.

De hecho, la educación financiera no es más que una educación dirigida a aprender a planificar, jerarquizar y provisionar nuestras diferentes metas existenciales a partir de la distribución inteligente de los medios de que disponemos y vamos a disponer en el futuro. Sin unos buenos conocimientos en la materia, lo habitual será que incurramos en errores sistemáticos, contradicciones diversas y fracasos ostensibles.

Conocimientos subversivos

Ya que el nuevo gobierno del PP está pensando en reformar la educación no universitaria en asuntos triviales (quitar un año de ESO para añadírselo al bachillerato), y dado que ni siquiera se ha planteado liberalizarla en profundidad, no estaría de más que fuera pensando en incluir una materia de formación financiera que fuera digna de tal nombre en los planes de estudio. Es decir, no una pomposa carcasa vacía de contenidos, sino una asignatura donde se explicaran algunos asuntos tan fundamentales y que, en principio, debieran ser tan poco controvertidos cómo el valor temporal del dinero, los tipos de interés, la capitalización de rentas, la regla del 72, la estructura patrimonial de los agentes económicos, la función y los riesgos del endeudamiento o el funcionamiento del mercado bursátil.

De no conocer cuál es la auténtica lógica depredadora del poder político, a uno le sorprendería que nuestros mandatarios, siempre tan declaradamente dados a promover la ilustración de nuestra sociedad, se hubieran olvidado de incluir en los currículums formativos tan esencial materia. Pero sabiendo que cuanto buscan no son propietarios autónomos del Estado sino siervos dependientes del mismo, tan significativa omisión encaja como un guante en sus perversas ambiciones.

Simplemente: en sociedades comandadas por el pensamiento estatista, hay conocimientos demasiado subversivos como para ponerlos al alcance del pueblo; en concreto, todos aquellos que tiendan a revalorizar el concepto de propiedad privada y a promover su gestión responsable y enriquecedora. Mucho mejor adoctrinarles en la virtud cívica de pagar religiosamente los impuestos que instruirles en el vicio insolidario de amasar y acumular riqueza.

Fuente

Pero, ¿cómo pueden ser tan ricos?

Ni podemos comernos los activos en el presente ni tampoco redistribuirlos de manera arbitraria sin afectar a la comida disponible en el futuro.

Cada vez que la revista Forbes publica su lista de los hombres más ricos del mundo, son muchos quienes se llevan las manos a la cabeza por las milmillonarias fortunas que acumulan unos pocos hombres. ¿Cómo es posible que el dinero esté tan mal distribuido en el mundo? ¿Cómo es posible que unas pocas manos acumulen los recursos que podrían alimentar durante mucho tiempo a tanta gente?

Por ejemplo, si un señor tiene una fortuna de 40.000 millones de euros, es fácil echar cuentas y concluir que 40 millones de personas podrían recibir una asignación de 1.000 euros (o un millón de personas, las más desfavorecidas de un país, una compensación de 40.000 euros). ¡Y estamos hablando de redistribuir la riqueza de una sola persona! ¿Qué sucedería si tomáramos la riqueza de 100 ó 1.000 de estos superricos? Es normal que algunos incluso elucubren con la posibilidad de que, atacando solo algunos de estos patrimonios, pueda ponerse fin a la pobreza en el mundo.

El asunto, por supuesto, dista de ser tan simple. Estamos habituados a imaginarnos a los multimillonarios como personas con una inmensa cantidad de dinero en efectivo: algo así como un Tío Gilito al que le gusta zambullirse entre sus monedas de oro y billetes de banco. Sin embargo, el dinero en efectivo es sólo uno de los muy diversos activos que componen el patrimonio de un multimillonario; y en ocasiones, uno de los activos con una presencia más reducida.

El rico, salvo marginales excepciones, no es la persona que tiene mucho dinero, sino la persona que tiene muchos activos muy valiosos: acciones, bonos, inmuebles, locales comerciales, suelo, empresas no cotizadas, etc. Cuando se dice que un multimillonario posee una riqueza de 40.000 millones de euros, lo que en realidad se está afirmando es que el valor de mercado estimado de todos los activos que comprenden su patrimonio asciende a 40.000 millones de euros.

Pero, y esto es lo fundamental, el valor de mercado de un activo no subsume el valor de todos los bienes presentes que ya ha contribuido a producir, sino el de todos los bienes futuros que se espera que produzca. O dicho de otra manera, quien posee 40.000 millones de euros en activos no dispone de 40.000 millones de euros en bienes de consumo inmediatamente disponibles, sino la más o menos razonable expectativa de que sus propiedades generarán (o contribuirán a generar) en los próximos lustros unos bienes de consumo valorados hoy en 40.000 millones de euros. Verbigracia, si una tierra de labrar se vende por 100.000 euros no es porque vaya acompañada de un almacén adosado que contenga abundantes toneladas de trigo valoradas en 100.000 euros, sino porque se espera que esa tierra sirva a cultivar a lo largo de las próximas décadas una cierta cantidad de trigo cuyo valor presente es 100.000 euros.

Por consiguiente, si un archirrico quiere disponer de parte de su riqueza tendrá dos opciones. La primera y más razonable, si es que el tiempo no le apremia, es la de gastar año a año los rendimientos que percibe por esos activos (los beneficios distribuidos de sus compañías, los dividendos, los intereses, los alquileres, etc.). Conforme el tiempo pasa, los activos van fabricando una pequeña porción de aquellos bienes de consumo futuros que les daban valor en el pasado: y son justamente esos bienes de consumo los que sí pueden disfrutarse sin demasiadas complicaciones (aunque con ciertas limitaciones, pues parte de la renta periódica que proporcione un activo deberá destinarse a reponer, mantener y amortizar ese activo).

La segunda y más radical opción, si es que el tiempo le apremia, pasa por liquidar todo su patrimonio, pero aquí ya comienzan los problemas: el importe que previsiblemente obtendrá de una venta apresurada de una enorme cantidad de activos no será ni mucho menos tan alto que si sólo tuviera que vender una pequeña porción. Al cabo, para colocar a buen precio todos sus activos, será necesario encontrar a suficientes ahorradores que, primero, dispongan de cuantiosos ahorros en efectivo que, segundo, deseen utilizar en la adquisición de esos activos. ¿Sencillo? Ni mucho menos. Para empezar, el canje de efectivo por activos no constituye ni mucho menos una decisión automática: quien tiene efectivo no se encuentra sometido a ningún riesgo y puede gastarlo en cualquier momento ya sea en consumir o en invertir; quien posee un activo, en cambio, tendrá que soportar los riesgos inherentes a la inversión, esperar a que le vaya proporcionando una renta con el paso del tiempo y verse en el brete de tener que liquidarlo si es que necesita hacer frente a un imprevisto.

Pero además, el volumen de ahorros en forma de bienes de consumo intercambiables no es tan abundante como para absorber cualquier oferta de activos. Por ejemplo, el valor de mercado de todas las bolsas en 2011 alcanzó los 45 billones de dólares, mientras que el PIB mundial –el valor de todos los bienes y servicios producidos– se situó en 65 billones. Teniendo en cuenta que alrededor del 70% del PIB consistirán en bienes de consumo (45 billones), el máximo importe que podrían aspirar a consumir los accionistas de empresas cotizadas equivaldría a 45 billones de dólares, y ello bajo el muy restrictivo supuesto que toda la población mundial decidiese no consumir nada durante ese ejercicio y que los propietarios de otros activos (inmuebles, empresas no cotizadas, bonos, etc.) no decidieran liquidarlos al mismo tiempo para adquirir bienes de consumo.

Y precisamente aquí se encuentra la razón de por qué la redistribución de la riqueza de los archimillonarios no serviría en absoluto para erradicar la pobreza en el mundo. Por un lado, porque si lo que queremos es elevar la calidad de vida actual de los más desfavorecidos (esto es, elevar su consumo), ya sabemos que los valiosos activos de los ricos no se pueden comer ni trocar por grandes cantidades en bienes de consumo en el presente. Si, por otro, nuestro objetivo es convertir a los más desfavorecidos en rentistas (propietarios de activos que proporcionen una renta periódica), lo que debemos tener presente es que esos activos monitorizan y son parte integral de todos los procesos productivos de una economía.

Sería una completa ficción el pensar que la productividad de una economía puede mantenerse con independencia de quien controle (y tenga una capacidad de decisión última) las empresas, los inmuebles o las materias primas de esa economía. Alterar políticamente la estructura patrimonial de una sociedad va aparejado a mutar las estructuras financieras y productivas de prácticamente todas las compañías, lo que repercutirá en su capacidad para producir bienes y servicios valiosos.

Por ejemplo, si les arrebatamos el control de Google a Sergei Brin y Larry Page para entregárselo a millones de personas repartidas por todo el mundo, es bastante probable que alguno de los siguientes escenarios (o todos ellos) se materializaran: Google perdería la visión estratégica de sus fundadores que es la que lo ha hecho grande; los accionistas minoritarios se unirían para reclamar una mayor remuneración en perjuicio no ya de la capacidad de la empresa para crecer y seguir generando riqueza, sino incluso de la capacidad de la empresa para reponer su equipo de capital actual; la dirección de Google lo tendría más fácil para no ser fiscalizada por millones de dispersos accionistas y podría asignarse sueldos mucho mayores; y la visión desorientada de la compañía la llevaría a perder cuota de mercado y a sucumbir ante sus mejor gestionados competidores.

Imaginen este devastador proceso pero a escala generalizada. No: ni podemos comernos los activos en el presente ni tampoco redistribuirlos de manera arbitraria sin afectar a la comida disponible en el futuro. Sí: hay algunos individuos que son tremendamente ricos, pero si no han recibido ningún favor gubernamental, lo son en la medida en que han generado muchísimo valor para millones de consumidores. Si lo que queremos es que haya más ricos en una comunidad, lo que necesitamos no es perseguir la acumulación de capital, sino facilitarla tanto como sea posible (reducir impuestos y regulaciones). Recuerde: el que haya muchos ricos no le dificulta a usted la labor de hacerse rico; al contrario, se la facilita enormemente.

El Sr. Rallo es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, autor de Los errores de la vieja economía. Editor de Economía del programa Es la Noche de César de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital. Sígalo en Twitter: @juanrallo

Fuente 

¿Qué salario mínimo le impondría a su peor enemigo?

Por Juan Ramón Rallo.

Para perjudicar a los trabajadores, el salario máximo debe fijarse lo más bajo posible o, alternativamente, el salario mínimo debe establecerse lo más alto posible.


Imagine que usted se convierte en un funcionario todopoderoso con legitimidad para imponerle a cada trabajador cuál es el salario máximo que puede percibir en el mercado. Supongamos, además, que usted carece de escrúpulos y que está determinado a castigar con la muerte por inanición a sus peores enemigos. ¿Qué salario máximo les impondría para alcanzar tal fin? La respuesta es clara: a sus enemigos les colocaría un salario máximo igual a 0 euros mensuales; o dicho de otro modo, prohibiría que sus enemigos fueran contratados por un sueldo de más de 0 euros al mes, lo que –a menos que montaran su propia empresa– les impediría obtener ningún ingreso en el mercado. Objetivo cumplido: con un salario máximo de 0 euros, sus enemigos caerían irremediablemente en la absoluta miseria.

Modifiquemos ahora ligeramente los supuestos de partida: usted sigue siendo ese funcionario sin escrúpulos pero, en lugar de fijar el salario máximo de cada trabajador, sólo puede establecer el salario mínimo de cada empleado. Y aquí volvemos a plantear la cuestión inicial: ¿qué salario mínimo le impondría a su peor enemigo? La respuesta intuitiva de mucha gente sería que, al igual que en el caso anterior, el salario mínimo para castigar a sus adversarios debería ser de 0. Pero fíjese que imponer un salario mínimo igual a 0 euros no impide que su enemigo acuda al mercado y cobre un sueldo superior a esos 0 euros mensuales: en realidad, el salario mínimo de 0 euros sólo impide que su enemigo cobre un sueldo inferior a esos 0 euros mensuales.

¿Tendría usted éxito en su propósito de condenarlo a la inanición? No, su peor enemigo podría dirigirse a cualquier empresario y negociar con él un salario mayor que 0 que le permitiera disfrutar de una agradable existencia. De hecho, si su peor enemigo era, por ejemplo, un pez gordo que venía cobrando un millón de euros anuales, el hecho de que usted le imponga un salario mínimo igual a 0 no modificará en absoluto su situación profesional: dado que un millón de euros es mayor que cero, la empresa no le rebajará sus emolumentos.

Entonces, ¿carecería usted de instrumentos para condenar a la miseria a su peor enemigo? No, pero necesitaríamos superar las engañosas intuiciones iniciales: para lograr su perverso propósito, usted debería imponerle a su enemigo un salario mínimo de infinitos euros mensuales. De este modo, dado que ningún empresario estaría dispuesto a abonar un sueldo tan alto a cambio de sus servicios laborales, su peor enemigo quedaría indefectiblemente estancado en una situación de desempleo (donde percibiría cero euros mensuales). En nuestro ejemplo anterior, si su peor enemigo estaba cobrando un millón de euros anuales y le impide trabajar por menos de 10.000 millones de euros, parece claro que no sólo será despedido de su puesto de trabajo, sino que no podrá encontrar empleo en ninguna otra parte de la economía.

En definitiva, al igual que no tendría ningún sentido que un autocrático funcionario les impusiera a sus enemigos un salario máximo de un billón de euros (pues todos los sueldos actuales son inferiores a esa cuantía máxima) tampoco lo tendría que les fijara un salario mínimo de cero, cinco o diez euros (pues todos los sueldos actuales son superiores a esa cuantía). Para perjudicar a los trabajadores, el salario máximo debe fijarse lo más bajo posible o, alternativamente, el salario mínimo debe establecerse lo más alto posible.

Este simple ejemplo debería bastar para que, más allá de nuestras erróneas impresiones iniciales, comprendiéramos cuál es el efecto real del salario mínimo: no el de incrementar las remuneraciones de los trabajadores, sino, cuando éste resultado demasiado alto en relación con su productividad, el de condenarles al paro. Y recuerde: cuando el Estado opta por incrementar sostenidamente el salario mínimo de un país... en realidad se está comportando como su peor enemigo.

Fuente

Alquilar no es tirar el dinero

Alquilar no es tirar el dinero

24/10/2011 20:43

tags: 

positiva:1neutra:0negativa:0Seguir este artículo por email

Juan Ramón Rallo

Recuerde: alquilar no es ni mucho menos una opción disparatada propia de iletrados económicos. Según la coyuntura, podría ser más bien al revés

A buen seguro todos hemos oído alguna vez aquello de que alquilar una vivienda equivale a tirar el dinero. ¿Qué sentido tiene abonar un alquiler de 500 euros al mes si puedo destinar ese mismo dinero a comprar una casa a plazos mediante una hipoteca? Al cabo de 30 años de alquiler no tengo nada; tras 30 años hipotecado, poseo una vivienda. El peso de los hechos parece contundente, pero sólo lo parece.

Entendamos que comprar un inmueble equivale a adquirir anticipadamente todos los servicios de habitación y vivienda que ese inmueble nos vaya a proporcionar; por el contrario, alquilar un inmueble significa adquirir día a día esos servicios de habitación. Algo parecido sucede con la disyuntiva entre comprar un automóvil o alquilar un coche (un taxi, por ejemplo) cada vez que queramos desplazarnos a otro lugar: en el primer caso, pagamos de golpe todos los servicios futuros que nos proporcionará el vehículo, en el segundo los vamos abonando sobre la marcha.

Sucede que las viviendas y los vehículos son bienes de consumo duradero: son bienes que aguantan ser usados más de una vez, es decir, bienes que a lo largo de su vida nos proporcionan todo un flujo de servicios futuros. Por eso suelen ser objeto de alquiler: sus propietarios optan en ocasiones por vender unos pocos de esos servicios a personas que sólo necesiten emplearlos de manera muy esporádica. Por ejemplo, normalmente alquilamos las películas en DVD... a menos que queramos ver el mismo filme numerosas veces, en cuyo caso será preferible comprarlo.

En este sentido si, como sabemos, los bienes presentes son más valiosos que los bienes futuros, a nadie debería extrañarle que comprar un bien duradero nos salga más barato que alquilarlo muchas veces. Es bastante simple: como pagamos por adelantado una enorme cantidad de servicios futuros (por ejemplo, los servicios de habitación que un piso proporcionará también a nuestros hijos una vez se lo hayamos transferido mortis causa), exigimos un descuento en el precio de todos los servicios que recibiremos de manera más tardía. Verbigracia, imagine una vivienda con una vida estimada de 30 años y cuyo alquiler anual asciende a 10.000 euros: es evidente que el precio de adquirir su propiedad será inferior a 300.000 euros (tal vez rondaría los 160.000 euros o incluso menos).

Así pues, las ventajas e inconvenientes de comprar los servicios poco a poco (alquilar) y de comprarlos todos de golpe son bastante claras. Si alquilamos un bien de consumo duradero que queremos usar frecuentemente, pagaremos un mayor precio total por sus servicios y quedamos expuestos al encarecimiento futuro del alquiler, pero a cambio disfrutaremos de un mayor margen de adaptabilidad: si en algún momento deseamos interrumpir o sustituir nuestro consumo, podremos hacerlo sin problemas (podremos cambiar de domicilio una vez venza el contrato de alquiler). Si, en cambio, compramos un bien de consumo duradero, pagaremos un precio total menor, pero perderemos margen de adaptabilidad y quedaremos expuestos al riesgo de reducciones futuras del alquiler (no nos podremos beneficiar de las mismas): dado que compramos anticipadamente todos sus servicios, más adelante no podremos dar marcha atrás si queremos dejar de consumirlos o si queremos renegociar el precio (ya los hemos pagado). Es cierto que el propietario de un bien de consumo duradero tiene la opción de desprenderse más adelante de parte de sus servicios (alquilarlo) o de la totalidad de ellos (enajenar el bien), pero para ello deberá encontrar a alguien que desee subrogarse en su posición (lo puede ser costoso y complicado) y, además, sigue quedando expuesto al riesgo de que hasta entonces el alquiler se haya abaratado (en cuyo caso el precio de la vivienda también lo hará).

Por supuesto, en este análisis estamos dejando de lado otras consideraciones que pueden ser muy importantes a la hora de escoger entre una opción u otra, como el valor sentimental o la seguridad jurídica que puede derivarse de una vivienda en propiedad. Se trata de unos "servicios" que sólo puede proporcionarnos una casa en propiedad y por los que mucha gente está dispuesta a pagar; es decir, la utilidad de esos servicios puede elevar el precio final de las viviendas en propiedad hasta acercarlo a la suma de todos los alquileres futuros. Siguiendo el ejemplo anterior, si una persona tiene una preferencia muy alta por ser dueño de la casa, puede que esté dispuesto a abonar los 300.000 euros que costarían todos sus alquileres futuros. Sabido, pues, que estos sentimientos tienden a elevar el precio que uno está dispuesto a pagar por la vivienda en propiedad, podemos omitirlos del resto del análisis por simplicidad.

Llegados a este punto, parecería que la cuestión sobre si comprar o alquilar una casa se encuentra ya zanjada: quien quiera flexibilidad alquilará, quien desee ahorrarse dinero comprará. Sin embargo, cometeríamos un error si pensáramos que el coste de oportunidad de no comprar una casa son las sumas de dinero que deberemos abonar por el alquiler: el auténtico coste de oportunidad es todo el dinero que dejamos de ganar por emplearlo en la compra de una vivienda.

Volviendo al ejemplo anterior, imagine que tiene la opción de adquirir la casa por 150.000 euros o arrendarla por 10.000 al año. En apariencia, la compra es bastante más barata que el alquiler pero, ¿destinaría todo este dinero a adquirirla si alternativamente lo pudiese invertir a un 10% anual asumiendo muy pocos riesgos? No sería demasiado sensato: para ahorrarse pagar 10.000 euros al año en alquiler, dejaría de ingresar 15.000. La cuestión puede plantearse en los siguientes términos: si entendemos que el rendimiento de una vivienda en propiedad son los alquileres anuales que usted se ahorra pagar, ¿qué rentabilidad le sacaría a la vivienda anterior? 10.000 dividido entre 150.000 es el 6,6%. Así pues, ¿qué uso de su dinero es el más rentable? ¿El 6,6% que obtiene de comprar la casa o el 10% que es capaz de ingresar invirtiendo sus ahorros en otros activos? Obviamente, el 10%; en tal caso, lo razonable sería alquilar la vivienda, no comprarla.

Claro que la mayor parte de la gente no compra su casa mediante sus ahorros, sino tomando prestados los ahorros de los demás, esto es, a través de las hipotecas. Tenga presente que pedir prestado el dinero para adquirir una vivienda es una operación muy parecida a alquilar el dinero que necesita para comprar la casa. Con ello quiero decir que quienes están hipotecados no son los más adecuados para afirmar que "alquilar es tirar el dinero", pues ellos alquilan no una casa, pero sí la suma de dinero que han necesitado para comprar la casa (es decir, según sus propios términos, dilapidan el dinero que han de pagar año a año en concepto de intereses por alquilar ese capital).

Cuando el endeudamiento entra por la puerta, la racionalidad suele salir por la ventana. Mucha gente vería absurdo endeudarse al 3% para invertir el dinero pero no para comprar una vivienda. Poco importa que la inversión proporcione una rentabilidad esperada del 10% y la compra de vivienda del 6,6%: hipotecarse parece más seguro y es la única opción que muchos contemplan para aceptar endeudarse. Así pues, si los tipos de interés estuvieran en el 3% y el ahorro de adquirir una vivienda equivaliese al 6,6% anual, ¿no sería más sensato comprar que alquilar? En general sí, pero tengamos en cuenta que el ahorro será mucho menor que antes: pagaremos 150.000 euros por una vivienda y nos ahorraremos un alquiler de 10.000 al año, pero de media pagaremos 4.500 euros anuales en concepto de intereses hipotecarios. Es decir, el ahorro por comprar la vivienda caería a 5.500 euros anuales... una rentabilidad de poco más del 3,5%, a cambio de la cual usted estaría sacrificando la flexibilidad a la hora de cambiar de vivienda y la flexibilidad a la hora de utilizar el dinero inmovilizado de una manera distinta a la que lo ha hecho (tiene una hipoteca que amortizar).

Además, piense que si los tipos de interés se sitúan durante mucho tiempo al 3%, serán legión quienes opten por comprar casas apalancándose, lo que hará que el precio de la vivienda en propiedad se encarezca con respecto al alquiler y que, por consiguiente, el ahorro derivado de no pagar el alquiler sea relativamente menor. Sigamos con el ejemplo anterior: suponga que como consecuencia de la compra masiva de viviendas, los precios se elevan a 333.000 euros. En tal caso, usted gasta de golpe 330.000 euros para ahorrarse 10.000 euros anuales: una rentabilidad del 3%. Pero recuerde que tiene que pagar unos intereses del 3% sobre el capital prestado, lo que significa que al final será lo comido por lo servido: alquilar el dinero le costará un 3% anual y con ese capital podrá comprar una vivienda que le proporcionará un rendimiento del 3% anual. En apariencia se queda en tablas, pero recuerde que si decide comprar tendrá un margen de adaptación a los cambios financieros (deudas) y reales (propiedad de la vivienda) mucho menor que quien alquila un inmueble y lo paga mensualmente con su renta o sus ahorros.

En definitiva, no se lance a comprar una vivienda por creer que está tirando el dinero en el alquiler. No es así o, al menos, no siempre es así. Especulaciones y sentimentalismos al margen, antes de adquirir una vivienda habrá de comparar la rentabilidad de ahorrarse el alquiler con el coste financiero de pedir prestado el capital necesario (si es que lo hay) y, sobre todo, con el coste de oportunidad de invertir ese capital en otros activos de similar riesgo (o cuya superior rentabilidad le compensen el mayor riesgo). Sólo si la rentabilidad esperada de adquirir la vivienda supera los otros dos costes, tendrá sentido no alquilar. Pero, aun en el caso de que así sea, también habrá que considerar si ese exceso de rentabilidad sobre el coste le compensa la pérdida de flexibilidad real y financiara derivada de comprar la vivienda.

En cualquier caso, recuerde: alquilar no es ni mucho menos una opción disparatada propia de iletrados económicos. Según la coyuntura, podría ser más bien al revés.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro es Crónicas de la Gran Recesión (2007-2009).

fuente

Camino hacia la insolvencia y más allá

Por Juan Ramón Rallo

Fase 1 (2002-2007): los bancos privados, empujados por los bajísimos tipos de interés de los bancos centrales, expanden de manera desproporcionada el crédito y llenan sus balances de la archiconocida basura de préstamos al ladrillo europeo y estadounidense. ¿Resultado? Colapso del sistema bancario y posterior ronda de rescates estatales para estabilizar el sistema de cobros y pagos.

Fase 2 (2008-2011): esos mismos bancos privados y centrales, sin haber saneado del todo sus malas inversiones anteriores y todavía a medio capitalizar, comienzan a financiar los enormes déficits públicos de los Estados que les han rescatado (déficits que, salvo excepciones como la irlandesa, no traían causa en el rescate de la banca, sino en esa mala ideología económica llamada keynesianismo). ¿Resultado? Los déficits públicos no consiguen impulsar el crecimiento sostenible, por cuanto sólo contribuyen a retrasar la reestructuración de la economía privada, y esos Estados amenazan con suspender pagos y con llevarse por delante a los bancos que fueron objeto de su milmillonario rescate previo.

No será necesario que diga que estamos a punto de concluir esa segunda fase: la quiebra de Grecia ya se antoja inevitable debido al rechazo de su Gobierno a enajenar los 300.000 millones de euros de activos que posee en cartera, y Francia ve que su sistema bancario, enormemente expuesto a los pasivos helenos, se tambalea. Pero no son los únicos: los bancos y cajas españoles, cuando todavía no han digerido ni mucho menos sus impagados créditos a promotores, se encuentran con que sus tenencias de deuda pública española y portuguesa se hallan seriamente depreciadas y en riesgo cierto de sufrir una quita. La diferencia es que Francia todavía tendría algún margen para volver a recapitalizar a su banca, pero nosotros, como es obvio, ya no poseeríamos semejante opción (el quebrado no puede rescatarse a sí mismo): deberíamos recurrir a la caridad de nuestros acreedores europeos o directamente salir del euro.

Sorprende, pues, que en medio de esta crítica coyuntura, en la que la supervivencia misma de la moneda única está en juego, todavía sean legión quienes consideren que éste no es el momento de la austeridad y de cuadrar las cuentas, sino más bien el de seguir colocándole nuestra deuda pública a la banca privada o, en su caso, al Banco Central Europeo. Hacia la insolvencia y más allá, parecen gritar. Mas volvamos a lo básico: una crisis derivada del exceso de deuda privada no se soluciona añadiendo al explosivo cóctel ingentes cantidades de deuda pública; unos bancos insolventes no se sanean llenando sus balances de nuevos activos tóxicos; la inversión a largo plazo necesaria para reestructurar nuestras economías no se incentiva ni subiendo impuestos ni creando las condiciones para salir forzados del euro mediante una devaluación de caballo. Al revés, necesitábamos amasar un enorme volumen de ahorro para amortizar deuda e invertir en nuevos modelos de negocio, pero nuestros Gobiernos se lo han zampado en sobredimensionar su gasto.

En definitiva, la fase 1 de la crisis fue causada por la expansión crediticia generada un sistema financiero intervenido y privilegiado hasta las cejas. La fase 2, potencialmente mucho más devastadora, la han causado directamente nuestros manirrotos gobernantes. Y, cómo no, los keynesianos aplaudieron entonces y aplauden ahora todas estas ruinosas políticas financieras: sus bajos tipos de interés para impulsar el crecimiento generaron a partir de 2002 la orgía crediticia de la burbuja y sus déficits públicos para sacarnos de la recesión están abocándonos al abismo de la depresión . ¿Quién dijo libre mercado?