La extrema demagogia de las Sicav

Por Juan Ramón Rallo
Son muchos quienes afirman que buena parte de la solución a nuestros enormes problemas de déficit público se encuentra en que los ricos paguen muchos más impuestos. El argumento se queda un poco cojo pues, más allá de ese sablazo que supone el Impuesto sobre el Patrimonio, los ricos ya están pagando un 52% por sus rentas laborales o profesionales (un 56% en muchas autonomías) y un 27% en sus rentas del capital (previamente estas rentas ya han pagado un 30% en concepto de Impuesto de Sociedades). ¿Qué falta entonces? Las Sicav, ese instrumento del mal que les permite tributar simplemente al 1%.
¿Cómo es posible que exista un vehículo que permita que los superricos sólo paguen un 1% en concepto de impuestos? Bueno, lo primero es aclarar que las Sicav tributan al 1% sobre los beneficios que obtienen por sus inversiones en capital mobiliario, pero cuando los partícipes de la Sicav retiran las plusvalías que se han ido acumulando en la misma, tributan como todo hijo de vecino al 27%. El 1%, para que nos entendamos, vendría a ser un Impuesto de Sociedades ultrarreducido para la Sicav, pero cuando se realizan distribuciones de capital, sus accionistas pagan lo mismo que en cualquier otra empresa (hasta 2010, los partícipes de la Sicav podían consignar las devoluciones de capital como reducciones de su aportación original de capital, evitándose pagar impuestos hasta haber retirado toda la inversión inicial; desde la reforma de Salgado, cualquier devolución se considera que procede de las plusvalías retenidas y, por tanto, tributa al 27%).
En parte, este tipo reducido es algo del todo comprensible. Imagine una Sicav posea todas las acciones de una empresa X. Esa compañía X gana antes de impuestos 100 millones de euros y paga un 30% en concepto de Impuestos de Sociedades. Los 70 millones restantes los distribuye en dividendos para la Sicav, por lo que ésta tendrá unos beneficios de 70 millones. Si tributara al 30%, apenas le restarían 49 millones de ganancias a la Sicav, cuyos partícipes deberían, a su vez, pagar un 27% sobre los mismos cuando les fueran distribuidos como dividendos. Dicho de otro modo, a los inversores finales apenas les restarían 36 millones de euros sobre los 100 obtenidos originalmente por la compañía X. Una fiscalidad realmente cainita que haría, muy comprensiblemente, que todo ese capital huyera de España.
Pero bueno, vayamos a lo que nos interesa. ¿Atajaríamos una parte significativa de nuestro déficit elevando la tributación por beneficios de las Sicav desde el 1% al 30%? En 2011, el patrimonio de las Sicav era de algo más de 23.000 millones de euros. Tomemos la cifra redonda de 25.000 millones y asumamos un elevado rendimiento medio de entre el 10-15% del capital invertido (un rendimiento que no obtienen, ni de lejos, la gran mayoría de Sicav). En tal caso, alcanzamos unos beneficios medios anuales de entre 2.500 a 3.750 millones de euros. Si esos beneficios los hacemos tributar al 30%, la recaudación fiscal se ubicaría entre 750 y 1.125 millones de euros. Y ello asumiendo, claro, que todas esas Sicav no serían liquidadas y se irían a otros países, como a buen seguro harían.
Estamos hablando, pues, en el mejor de los casos, de una recaudación adicional de 1.000 millones de euros al año frente a un déficit, en 2011, de más de 91.000 millones de euros: apenas el 1% del total. Quizá se entienda ahora por qué ni el Gobierno socialista ni el socialista Gobierno de Rajoy están subiendo la tributación de las Sicav. No porque exista una connivencia y compadreo con unos ricos a los que, por otro lado, están esquilmando tanto en IRPF como en Sociedades, sino porque no se recaudaría absolutamente nada.
Me temo que aquellos que quieran justificar nuestro sobredimensionado modelo Estado tendrán que ser más sinceros y no apelar al genérico y hueco “que paguen los más ricos”. No: las subidas de impuestos tendrán que dirigirse a machacar a aquellos que siempre machacan por ser allí donde se encuentra el dinero: las clases medias y bajas, es decir, el 99% de la población de un país. De ellas se nutre y a ellas parasita el Estado: la apelación a los más ricos es sólo un espejismo para justificar que el Estado meta la mano en sus carteras.
Por supuesto, existe otra alternativa más razonable y justa al sangrado fiscal: pinchar la burbuja estatal.
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