Impuesto al trabajo

John Müller
El Mundo , 3 de julio de 2014 

Uno de los progresos logrados en el debate económico español en esta crisis es que por fin se consideren las cotizaciones sociales como lo que realmente son, un impuesto al trabajo. El Informe Lagares es, probablemente, el primer estudio oficial que asienta con firmeza esta idea, siguiendo las tendencias que cobran fuerza en la OCDE, la UE y el FMI. De esta manera, es mucho más fácil sentir la presión fiscal.

Ayer se presentó el Día de la Liberación Fiscal, el informe que elabora la Fundación Civismo que preside Julio Pomés sobre cuántos días trabaja un español para satisfacer sus obligaciones tributarias. Este año se necesitan de media 184 días, lo que significa que sólo a partir del 4 de julio lo que ingrese un ciudadano será realmente suyo. El estudio lo firma Cristina Berechet y en él la fiscalidad del empleo tiene un peso enorme. De hecho, de los 184 días, 102 corresponden a las cotizaciones sociales que paga el trabajador (6,35%) o la empresa (29,9%) en su nombre. Como las primeras no se ven en la nómina, los trabajadores no son conscientes de su importe, pero son un coste para el empleador.

Este impuesto al trabajo es muy distorsionador. Primero, sólo es progresivo hasta los 43.164 euros brutos anuales. Las rentas que superen esa cifra, no pagan más porque las cotizaciones están topadas. Se convierte a partir de ahí en otro impuesto regresivo como el IVA o los especiales, aunque por lo menos del IVA se puede predicar que su efecto en la economía es neutro, mientras que las cotizaciones sí disuaden a muchos empresarios de crear empleo. ¿Por qué, si no, tantas bonificaciones y tarifas planas de 100 euros para los nuevos empleos?

Además de disuadir, resulta que a las empresas les es más interesante subirle el sueldo a los que ya están topados que a los que ganan menos, ya que una subida por debajo del límite hay que compartirla con la Seguridad Social. Así, las posibilidades de que un mileurista mejore y lo vea en su nómina son proporcionalmente menores que las de un sueldo superior.

Las cotizaciones españolas están entre las más altas de Europa. La relacionada con la jubilación, discapacidad y supervivencia nos sitúa en el tercer lugar, sólo por detrás de Italia y Portugal. Si se comparan los demás conceptos homologables, nuestra cotización (33,7% del salario bruto) queda en séptimo lugar, alejada del 42% o 41% que pagan países como Austria, Francia o Alemania. Sin embargo, en esos países la Sanidad se financia a través de la Seguridad Social, no como en España donde desde 1999 la Sanidad se financia con cargo a los Presupuestos.

Otra peculiaridad de nuestro impuesto al trabajo es lo bien camuflado que está. La parte del león de las cotizaciones las pone la empresa, lo cual hace más difícil que el trabajador vea lo que se le está detrayendo de su renta. En la nómina sólo tendrá reflejo ese 6,35% que él aporta directamente. En Alemania es al revés, la parte mayoritaria la pone directamente el trabajador y una residual la empresa.